La primera vez que escuché a alguien proponer "procuradurías del migrante", para defender los derechos de los mexicanos en Estados Unidos, fue en la campaña presidencial de 1988. En la actual contienda se vuelve a hacer la promesa de convertir los consulados en "procuradurías". Pareciera que en las tres décadas que han pasado desde entonces nada se ha avanzado. La verdad es que a principios de 1989 se decidió reforzar el área de asistencia jurídica en los consulados, pero se evitó el término de "procuraduría" porque tenía connotaciones policiacas.
En aquella época la ayuda que se prestaba a nuestros connacionales se enfocaba en informarles los procedimientos para aprovechar la amnistía que había otorgado el gobierno de Ronald Reagan a los indocumentados. Aunque la ley Simpson-Mazzoli preveía expulsiones, estás prácticamente no se materializaron. Por lo mismo, aumentó la expectativa de poder regularizarse luego de migrar irregularmente y el éxodo hacia el norte no se detuvo.
La red de consulados se fue expandiendo. Sus funciones se ampliaron y su relación con las comunidades locales se fortaleció. De oficinas para trámites administrativos pasaron a ser apoyo real para los residentes. Se empezó a auxiliar a los que tenían problemas legales de todo tipo, desde disputas con el casero hasta los condenados a muerte.
La corriente inacabable de mexicanos se volvió problemática. Atizada por el nativismo y el racismo, creció la exigencia de cerrar la frontera y de limitar las posibilidades laborales de los indocumentados. Se llegaron a votar disposiciones para negarles servicios escolares o de salud.
Los atentados terroristas de 2001 dieron lugar a actitudes defensivas extremas. Los organismos migratorios y aduanales se fusionaron y, con nuevas atribuciones, se pusieron más estrictos con quienes cruzaban furtivamente la frontera. Obligados a ir por el desierto, pronto fueron cientos los que morían en el intento de internarse en aquel país.
El deporte de deportar
Politizado el tema, los gobiernos de Bill Clinton y Barack Obama emprendieron deportaciones masivas. La Patrulla Fronteriza empezó a hacer redadas en centros de trabajo y a expulsar a padres y madres con hijos nacidos allá, dejándolos en el abandono. O también a muchachos a los que sus padres llevaron en la infancia. La opinión pública se inquietó al ver a tantas familias destrozadas y Obama creó el programa DACA, para retrasar las remociones mientras se trataba de modificar la legislación. Eso no se logró y el sentimiento antiinmigrante contribuyó a llevar a la Casa Blanca a Donald Trump.
Desde el primer día la nueva administración insistió en aumentar la protección fronteriza y empezó a aplicar estrictamente las regulaciones migratorias. Aunque no consiguió que el Congreso le aprobara mayores penas o una "fuerza deportadora", no ha cesado en su retórica amenazante. Ordenó más detenciones en el interior del territorio. Se volvieron a hacer arrestos "colaterales", es decir, de personas que acompañan a otro con orden de presentación. No respetan ni a los que están libres bajo fianza y llevan años litigando sus casos en los tribunales.
Todo esto ha provocado un clima de incertidumbre y miedo que hace miserable la vida de nuestros compatriotas. Salen poco de casa; dejan de ir a la escuela o a la clínica, a la iglesia o a los juegos de fútbol; sacan su dinero del banco y lo entierran en el jardín.
El personal de los consulados ha enfrentado esta situación con gran responsabilidad. Su carga de trabajo, de por sí pesada, se multiplicó y aun así, han descubierto formas imaginativas de acometerla. Tan solo en el área jurídica, la labor de cada día comprende: talleres de orientación sobre derechos migratorios; consultas de casos individuales con abogados; visita para verificar las condiciones de los detenidos; representación legal y cuidado de que se cumpla el debido proceso durante los juicios; asesoría a los expulsados sobre la custodia de sus hijos y la recuperación de su patrimonio; otorgamiento de la ciudadanía mexicana a los niños nacidos en Estados Unidos para que se reconozcan sus derechos cuando alcancen aquí a sus padres deportados.
Se ha contratado más personal y se ha dispuesto mayor presupuesto para la contratación de defensores. Es insuficiente y es justo y urgente incrementarlos, pero lo que no se vale es ignorar lo logrado y prometer como gran novedad lo que existe desde hace años.