Guerra en California
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Guerra en California

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Guerra en California

14/03/2018
Actualización 13/03/2018 - 21:52

Como se esperaba, la visita que hizo ayer Donald Trump a California, para supervisar los prototipos del muro fronterizo, le sirvió de plataforma mediática para insistir en la necesidad de esa barrera para impedir la entrada ilegal de migrantes. También para amonestar a los gobernantes locales que los defienden.

California es el estado más poblado de la Unión Americana y el tercero en extensión. Su economía es la primera de ese país y la sexta del mundo. Al mismo tiempo que registra la mayor producción agrícola, es la capital mundial de la industria del entretenimiento, tiene bellos parques nacionales, ciudades únicas y un sistema universitario y de innovación impresionante.

Aunque en el área de San Francisco se observa el producto per cápita más alto, también es una entidad con miles de personas viviendo en la calle. Sus servicios de protección social son super completos, pero sus ciudadanos pagan impuestos sumamente elevados.

En 1950 tenía 10 millones de habitantes; en 1970, 20 millones; en 1990, 30 millones, y; en 2010, 40 millones. De ellos, cuatro de cada diez tienen origen hispano y hablan un español aceptable. Contra lo que pudiera pensarse, sólo 2.3 millones son migrantes indocumentados y únicamente la mitad de ellos provienen de México.

Políticamente es un lugar especial. Están ahí Berkeley, la quintaesencia de las ciudades liberales y el condado de Orange, ultra conservador. Desde 1988 ningún candidato presidencial Republicano ha tenido mayoría en ese Estado pero han sido regidos por gobernadores de aquel partido veinte de esos treinta años. Actualmente el gobernador, los alcaldes de las principales ciudades, la mayoría de la asamblea y del senado estatal son Demócratas. En la pasada campaña presidencial fue donde más contribuciones y votos consiguió Hillary Clinton. En cambio, Trump tuvo que entrar por la puerta trasera al único acto multitudinario que hizo en San Francisco.

TERRITORIO ENEMIGO

La guerra entre Trump y California se despliega en variados frentes. Cuando Washington decidió abandonar los Acuerdos de París sobre el cambio climático, Sacramento informó que los seguiría respetando. La respuesta de Trump fue autorizar la perforación petrolera en las costas del Golden State. Cuando los contribuyentes resultaron afectados por la eliminación de las deducciones que trajo consigo la reforma fiscal, la Asamblea decidió considerarlas donaciones para que continuaran exentas. Frente a la legalización de la mariguana para uso recreativo, el gobierno federal ordenó la aplicación estricta de los estatutos federales en la materia.

Donde la pugna se ha manifestado con singular crudeza es en la política migratoria. Jueces californianos fueron los que bloquearon la prohibición de entrada al país de viajeros de países predominantemente musulmanes. Trump respondió recortando las visas a los programadores informáticos (principalmente hindús) que son la base de las empresas de Silicon Valley.

Al recorte de recursos federales a las ciudades que se declaran santuario para proteger a los indocumentados de las deportaciones, los legisladores locales respondieron con tres leyes, vigentes desde enero.

Alegando proteger la privacía, la primera penaliza a patrones que entreguen a la Agencia de Inmigración y Aduanas datos sobre sus empleados, diferente a la exigida por la ley. Los obliga además a avisar a sus trabajadores cuando el ICE le notifica que va a hacer una inspección, dándoles así oportunidad de renunciar y esconderse. La segunda concede al Procurador del Estado autorización para visitar los centros de detención migratoria, para asegurarse que se respetan los derechos de los que estén ahí. La tercera prohíbe a los oficiales locales informar a ICE la fecha en que liberarán extranjeros condenados por crímenes menores, o cooperar de cualquier forma para deportarlos.

En respuesta, Thomas Homan, director de ICE amenazó con acusar a los funcionarios estatales de obstrucción de la justicia. El Procurador Federal Jeff Sessions declaró que son leyes inconstitucionales y presentó demandas judiciales para abrogarlas. Es probable que luego de un largo litigio lo consiga, porque en materia migratoria las leyes federales tienen supremacía y hay jurisprudencia de la Suprema Corte que lo afirma. De ser el caso y continuar el desafío, el Departamento de Justicia podría incluso llevar tropas federales para hacer cumplir las leyes migratorias.

Se entiende entonces porque fue la primera vez de Trump en California que es presidente, porque no lo recibió ninguna autoridad local y porque protestaron tan enojados por su presencia.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.