Quizá las rondas ministeriales para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) concluyan antes de terminar el año. Pero el texto que se convenga tendría luego que pasar por el legislativo de cada país, y ahí podría quedar atrapado por meses. Basta recordar lo que sucedió en 1991-1993.
Aunque se hizo un gran esfuerzo por evitar que las pláticas del TLCAN original se extendieran y llegaran a coincidir con la campaña presidencial de 1992 en Estados Unidos, el libre comercio se convirtió en uno de los temas torales en la disputa para llegar a la Casa Blanca. Surgió incluso un candidato independiente, el millonario texano Ross Perot, cuya oferta era acabar con el tratado, al que presentaba como una gigantesca aspiradora de empleos. Veinte millones de votantes (19 por ciento) le creyeron.
El presidente George H. R. Bush, desde luego, lo defendía; lo mismo que los gobernadores y las organizaciones empresariales. Pero una ancha franja de la opinión pública lo veía con sospecha. A pesar del prestigio que había obtenido por la caída del Muro de Berlín tres años antes H. R. Bush no pudo reelegirse.
Bill Clinton, que había iniciado su campaña muy erráticamente, al final le hizo caso a sus asesores (que le decían "es la economía, estúpido") y centró su campaña en el tema de la modernización de la planta productiva, fundamental para poder competir con Japón y los Tigres Asiáticos. Los dos economistas que más influían en él, Lloyd Bentsen y Robert Reich (que serían secretarios del Tesoro y del Trabajo), le argumentaban que la globalización es inevitable y que era absurdo tratar de defender a industrias obsoletas, como la textil y del vestido, que tarde o temprano, saldrían de Estados Unidos. En lugar de ello, había que enfocarse en elevar la productividad de la manufactura y los servicios. Y para eso era fundamental la apertura comercial.
El problema era que las grandes centrales sindicales (AFL-CIO), que eran todavía la base más sólida del Partido Demócrata, se oponían tajantemente a los tratados de libre comercio, a los que achacaban el cierre de factorías, la decadencia de las ciudades y la fuga de empleos a otros países. Por eso Clinton no anunció su respaldo al TLCAN hasta semanas antes de las elecciones, confiando en la ventaja que llevaba. Lo condicionó a que se le anexaran acuerdos en materia ambiental y laboral. A los sindicatos les ofreció reentrenar a todos los obreros desplazados (el Programa de asistencia para ajuste por comercio).
No fue fácil
El primer ministro canadiense, Brian Mulroney, y los presidentes de Estados Unidos, H. R. Bush, y México, Carlos Salinas de Gortari, pusieron su firma en el texto convenido, pero este no fue enviado a los cuerpos legislativos hasta que se consensaron los acuerdos paralelos. El ambiental comprometía la creación de un banco trinacional (NadBank) para financiar proyectos de remediación en nuestra frontera norte. El laboral proponía que cada uno de los gobiernos pusiera más empeño en cumplir sus propias leyes, sobre todo en lo relacionado con seguridad e higiene, trabajo infantil y salario mínimo.
En el Senado mexicano, con mayoría oficialista, el asunto transitó sin mucho problema. No sucedió así en Canadá, en donde el nuevo primer ministro Jean Chrétien había ofrecido en campaña abrogar el TLCAN. Para convencerlo se tuvo que aceptar un tercer acuerdo paralelo, para proteger a sus industrias de incrementos de importaciones no previstos.
En el Capitolio el enredo era mayor. Sólo una cuarta parte de los demócratas estaban a favor. El líder de la mayoría, Richard Gephardt era representante de un distrito industrial con alta influencia sindical (St. Louis, Missouri) y no cooperaba mucho con la Casa Blanca. Clinton tuvo que mandar a un cabildero hábil y agresivo (William Daley) a presionar a los congresistas, que al final cedieron a cambio de reabrir el Tratado en sectores en que México era un fuerte competidor (cítricos, vinos, vidrio plano). Tuvo que pasar un año para que el TLCAN fuera ratificado, por 61 votos a favor y 38 en contra en el Senado y por 234 frente a 200 en la Cámara de Representantes.
Un análisis reciente concluye que hoy el respaldo al Tratado es muy débil en la opinión pública (27 por ciento) y entre legisladores demócratas (38 por ciento) o republicanos (26 por ciento). Un acuerdo que al presidente Donald Trump le gustará podría no ser aceptable para representantes y senadores.