Siempre seré defensora de la conciliación y del diálogo plural que permita entender las diversas perspectivas con miras a construir. No obstante, existen coyunturas en las que el valor de lo que está en juego impide puntos de encuentro. Así, la independencia y autonomía de las personas juzgadoras en un Estado democrático de derecho, no son debatibles.
La coyuntura y términos de la presentación y admisión de la denuncia contra el ministro Zaldívar —y otros colaboradores del Consejo de la Judicatura Federal (CJF)— y 67 personas juzgadoras, es una declaración de guerra política.
Una declaración de guerra cuyo objetivo pareciera Arturo Zaldívar y sus excolaboradores. Sin embargo, en realidad es una afrenta doble: por un lado, contra la cuarta transformación, en específico contra el presidente y Claudia Sheinbaum; por el otro lado, es un ataque directo a la autonomía e independencia de las personas juzgadoras.
La denuncia se emite, y de ello mismo da cuenta el documento, después de declaraciones del presidente AMLO, que han sido mal interpretadas y manipuladas para hacer creer que él y el ministro Zaldívar influían indebidamente en fallos jurisdiccionales; situación que se ha aclarado como algo completamente falso.
A Zaldívar y a sus colaboradores se les denuncia por presionar a personas juzgadoras a fallar en favor del gobierno de AMLO; y, a las personas juzgadoras que se les reclama haber emitido fallos coincidentes con las peticiones jurídicas de una de las partes del juicio (como sucede al resolver toda contienda judicial).
Lo grave aquí no es la denuncia, sino que, al ser una denuncia anónima sin pruebas, la petición debió haber sido desechada para no entorpecer el correcto funcionamiento del PJF. Esto es, la admisión de este tipo de denuncias colapsaría la vigilancia de la función judicial, de ahí que su admisión esté acotada a aquellas que, con ciertos elementos, permitan realizar una adecuada investigación y, en su caso, sanción.
Así, de manera ilegal se admitió parcialmente una denuncia anónima y sin pruebas; sin fundamento ni motivación; y, con una celeridad y filtración mediática nunca antes vista, cuya publicidad: I) vulnera la integridad e independencia de la SCJN; II) pone en riesgo la imparcialidad de las personas juzgadoras; III) socava la confianza pública en la SCJN como institución; IV) constituye una violación al principio de presunción de inocencia; V) representa un precedente muy peligroso; y VI) atenta contra los principios de transparencia y rendición de cuentas. Todo ello constituye un efecto corruptor que impide emitir una resolución legal, constitucional y convencional.
Dentro de lo grave, lo especialmente inaceptable es el mensaje político que se hace desde la presidencia de la SCJN y del CJF en contra de la autonomía e independencia judicial. Ahora, las personas juzgadoras están amenazadas para que se abstengan de emitir fallos a favor de políticas o aspiraciones del gobierno: sea lo que sea, pidan lo que pidan, con razón o sin razón; de lo contrario, podrán ser investigados.
Por último, es importante recordar que en este contexto político electoral, y desde que Zaldívar dejó la presidencia del PJF, la SCJN ha sido centro del debate público por estimarse un poder corrupto, que permite la impunidad, el abuso del poder y que no atiende las necesidades de la población mexicana. Un contexto en el que existen iniciativas de reforma que atentan contra los privilegios ilegales del Poder Judicial; reformas que han sido encargadas a quien ahora es denunciado. Esto es, cuando menos, bastante sospechoso.
Se sabe que, en los tiempos de campaña, el contendiente que va perdiendo echa mano de cualquier artimaña para sumar puntos. Sin embargo, que el PJF se meta en un proceso electoral es intolerable; y, además, que se inmiscuya afectando a la autonomía e independencia judicial, deviene escandaloso. En esto no podemos buscar ni pretender un punto de encuentro.