Opinión

Alejándonos de la Constitución

 
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Constitución

Suele hablarse de la Constitución como si fuera algo remoto, ajeno, propio de los políticos, y no en cambio el catálogo de derechos de todo ciudadano y la carta de navegación del Estado.

En tanto norma suprema, en la Constitución se define la manera de ser del país y las reglas para que ello se realice. Es tan importante, que para ser reformada se requieren más votos que para modificar cualquier ley, y lo que es más, hay órganos específicos para verificar el cumplimiento de toda autoridad a lo ordenado en ella. Lo que en la Constitución se establece es lo que debe suceder en el Estado.

Sin embargo, a la escasa cultura cívica se suma la convulsión política desatada por los últimos sucesos, lo que ha generado ocurrencias que pretenden ofrecer soluciones, descubrir el hilo negro, posicionarse frente a los competidores o sólo destacar en originalidad sin tener en cuenta principios y reglas básicas del Estado, establecidos en normas constitucionales.

Es tal el ruido de los sucesos, la desesperación por los hechos y la ofuscación que trae consigo el enojo, que la sociedad de distintos países, como lo sucedido en Cataluña o las reacciones y propuestas de los partidos mexicanos, académicos, opinadores y el propio presidente de Estados Unidos, sueltan datos y olvidan o desconocen normas esenciales de la convivencia en sociedad constitucional.

Las normas de la Constitución priman sobre el resto del ordenamiento jurídico, especialmente los derechos humanos, la forma de ser del Estado (en México la República representativa, democrática y federal) y la manera en que se hace valer la democracia deliberativa y participativa (el tipo de sistema electoral, acceso a la información, etcétera).

Hay varias propuestas en el aire, en distintas latitudes, francamente contrarias a la mínima idea de Constitución. En Cataluña, por ejemplo, desde la perspectiva constitucional, en realidad no se trata del referéndum de la semana pasada, sino del previo al hacer la Constitución española del 78, en el que las comunidades autonómicas decidieron organizar a España como una nación indivisible; por tanto no hay proceso constitucional válido (ni democrático ni jurídico) que permita la escisión de los catalanes. Claro, podrían reformar la Constitución para regular esa posibilidad, pero mientras ello no suceda será jurídicamente inviable. Sin embargo, ello no es proporcional al abuso de la fuerza pública en contra del derecho a la libre manifestación de los ciudadanos: el gobierno central desequilibró la balanza entre las libertades públicas y la invalidez de un acto contrario a derecho, incluso ya declarado así por su tribunal constitucional. Ambas partes, me parece, rebasan el límite establecido en la Constitución. Unos por el intento antijurídico de cambiar la composición nacional, y los otros por el empleo de la fuerza en contra de la seguridad de personas que, manipuladas o no, ejercían el más preciado de los derechos constitucionales: la libertad.

En Estados Unidos, la defensa de la libertad y los derechos de todos los que viven ahí están amenazados por el presidente Trump, quien con tanta ocurrencia ofende a los padres fundadores y quebranta el derecho a la felicidad tan bien delineado en su declaración de Independencia (canon interpretativo de la Constitución de Estados Unidos). ¿El Estado debe anteponer la libertad de comercio (para comprar armas) a la seguridad de sus habitantes? ¿Cuál será la finalidad que persigue su Constitución? La respuesta parece evidente.

Y ya en México, las peregrinas ideas de desaparecer a los legisladores de representación proporcional y de anular el financiamiento público de los partidos tienen eco en una ciudadanía cansada, pero, tristemente, con poco sentido de lo constitucional y, al parecer, no muy conscientes de los alcances de tales propuestas, pues justamente el diseño constitucional mexicano optó por esos modelos con razones fundamentadas: desaparecer los plurinominales equivale a desconocer la conquista política que han logrado las minorías en un país arrasado por la mayoría. Quienes los consideran un gasto innecesario, no saben lo caro que resultaría la falta de pluralidad.

Quienes optan por quitar el financiamiento público de los partidos, ignoran lo que es la política en manos del mercado. Si como estamos no podemos lograr los ideales democráticos de la Constitución, alejándonos de sus preceptos erraríamos más el rumbo.

La ecuación es sencilla: la Constitución es la forma jurídica de la democracia; entre más lejos de la vida constitucional, menos democracia.

Twitter: @salvadoronava

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