Opinión

Alcahuetes de la corrupción

 
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Sigue proporcionando el portal periodístico www.animalpolitico.com detalles sobre la supuesta red de empresas fantasma que consiguieron 21 contratos del gobierno del estado de Veracruz por un total de 645 millones de pesos. Entre los nuevos detalles incluye las posibles irregularidades en que podrían haber incurrido los 12 notarios públicos que avalaron los contratos.

Según Animal Político, “los procedimientos que siguieron estos notarios para inscribir a las 21 empresas 'se saltó' requisitos que marca la ley”.

Además, señaló con detalle la ascendencia priista de estos notarios y sus vínculos con los cuestionados gobernadores veracruzanos Javier Duarte y Fidel Herrera. Son notarios-políticos que ejercieron funciones legislativas y gubernamentales a favor de su partido.

Y es que este es uno de los problemas fundamentales de la profesión de los notarios: su nombramiento político implica alianzas políticas. ¿Y por qué debería de sorprendernos que no tuvieran los mismos vicios de corrupción que la clase política? Al igual que políticos y funcionarios públicos, ¿no sería el colmo que profesionales con la responsabilidad y prestigio que representan para el adecuado funcionamiento de la legalidad, estuvieran también apoyando las actividades criminales y fomentando la violencia en el país?

En 2011 reportamos sobre narconotarios. ¿Víctimas o victimarios?

En ese entonces autoridades federales y organizaciones civiles detectaron desde 2009 una nueva forma de operar de los secuestradores: llevar a víctimas o familiares ante notarios públicos para que 'cedan' sus bienes y propiedades. No fueron una, ni dos, sino varias personas que me comentaron que tenían información puntual de que en Chihuahua, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Durango y Coahuila había notarios que directamente estaban colaborando con el crimen organizado. En su momento algunos expertos argumentaron que muchos de estos notarios también eran víctimas, es decir que accedían a llevar a cabo estos actos porque eran amenazados ya que, de no protocolizar los bienes, su vida y la de su familia corrían peligro.

Un caso público del vínculo narco-notario fue el del abogado y notario sinaloense José Antonio Núñez Bedoya, a quien el gobierno de Estados Unidos acusó de haber ayudado a crear empresas fantasmas para “esconder y lavar bienes” en nombre de Zambada García y sus familiares, así como para otro de los líderes del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán y su entonces esposa Griselda López Pérez.

Fue incluido en la famosa lista negra del Departamento del Tesoro, cuyas sanciones incluyen el congelar todos los bienes y activos que tenga este abogado en Estados Unidos.

Recuerdo otra nota periodística de 2011 que señalaba la detención del presunto abogado de Los Zetas, quien actuaba como intermediario en las negociaciones llevadas a cabo con los familiares de las víctimas de secuestro para el despojo de sus pertenencias y para lo cual utilizaba luna notaría en Quintana Roo.

¿Qué debemos hacer para que los notarios o cualquier otro profesionista, por ejemplo los contadores, no sean cómplices de estos delincuentes?

Y aunque la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que entró en vigor en julio de 2013, dispensa más responsabilidad a los notarios para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, también debió reducir el fenómeno de los notarios vinculados con criminales, porque exige procedimientos más estrictos a los notarios para que identifiquen a los participantes en actos de compra-venta y a los beneficiarios, y reporten las transacciones que pudieran considerarse sospechosas.

La relevancia de que esta ley haya sido aprobada radica en que ahora los notarios pueden enfrentar una pena de hasta 16 años de cárcel por no informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de actos ilegales sobre lavado de dinero.

La ley podría estar teniendo un impacto en los narconotarios, pero está por verse. Obviamente esta ley no es suficiente para prevenir que algunos notarios estén dispuestos a coludirse con políticos y funcionarios porque, al igual que los políticos y funcionarios corruptos, es raro que los notarios sean procesados por actividades ilegales.

¿Y esto nos lleva al nuevo sistema anticorrupción que se debatirá; debe incluir obligaciones más estrictas y con penas más altas para aquellos notarios que son alcahuetes de los corruptos?

Twitter: @Amsalazar

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