Exigencias ciudadanas III
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Exigencias ciudadanas III

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Exigencias ciudadanas III

08/06/2018

Les compartimos esta tercera entrega de las 'Exigencias Ciudadanas', que dimos a conocer más de 30 Organizaciones de la Sociedad Civil y que hicimos llegar a los partidos políticos y candidatos, para que fueran tomadas en cuenta, una vez que alguno de ellos alcance el poder.

Ahora presentamos y detallamos la 'Exigencia sobre la política social'.

Exigimos una política social basada en el reconocimiento y la promoción de los derechos sociales de las personas y que se oriente a erradicar la pobreza asegurando empleos y una vida digna para todos los mexicanos.

México no es un país pobre. Sin embargo, más de la mitad de su población sobrevive día a día en el abismo de la pobreza. Esto puede cambiar. Esto debe cambiar.

La dignidad humana, la libertad y otros valores similares podrían sonar huecos en aquellas personas que duermen sin comer, y que viven en condiciones infrahumanas en forma habitual. La pobreza no sólo afecta a quienes se encuentran en esta condición. La pobreza:

1. Debilita nuestra democracia, al generar un terreno propicio para el clientelismo, la corrupción y la impunidad.

2. Debilita nuestra economía, al condicionar el mercado interno.

3. Mina nuestra estabilidad y nuestra viabilidad como país, al excluir a millones de personas y regiones enteras del desarrollo.

4. Y por desgracia ha sido el caldo de cultivo propicio del crimen, la violencia y la violación sistemática de derechos humanos que flagelan al país.

La responsabilidad por lograr el bien común, más allá de recaer en los ciudadanos, recae en el Estado, dado que el bien común constituye el motivo por el que existe la autoridad política en primer término. Una de las ausencias más graves en México, y que ayudan a entender buena parte del desastre en el que se encuentra el país es la de una verdadera política social de Estado orientada a lograr este bien común. Es decir, una política que sea coherente, integral, articulada y que coordine las acciones y el dinero que como país destinamos al desarrollo social, con los requisitos de justicia y que armonice los diferentes intereses de cada esfera.

Si revisamos la evolución histórica de los programas sociales del gobierno federal observaremos un crecimiento exponencial en su número y en el monto de recursos que se les destinan. En poco más de diez años, de 2004 a 2016, el número de programas sociales del gobierno federal creció 194 por ciento y su presupuesto aumentó 1,212 por ciento sin que esto se tradujera en mejores resultados.

En México la política social:

  • No pone en el centro a la persona. El ser humano es el origen, centro y fin de toda la vida social y económica y debe ser considerado en toda su integridad.
  • No toma en cuenta las necesidades de desarrollo humano integral de la persona.
  • Ofrece múltiples oportunidades para el clientelismo, discrecionalidad en la asignación de beneficios, incentivos a una mayor fragmentación.
  • Está desarticulada, es ineficaz e ineficiente.

Un país con igualdad de oportunidades para todos, sin privilegios ni corrupción. Plantearse la erradicación de la pobreza requiere un cambio de enfoque, a partir de un nuevo modelo de desarrollo económico y social con base en:

  • Construcción de una Nueva Política Social, que sea coherente, integral, articulada y que coordine las acciones y el dinero que como país invirtamos en el desarrollo social y cuya prioridad central sea el ejercicio pleno de los derechos.
  • Construcción de un nuevo andamiaje institucional empezando por un Registro Nacional Ciudadano (Padrón Único de Beneficiarios) como pilar de la política y el gasto social. Este Registro sería la puerta de acceso obligatoria para los tres órdenes de gobierno y la única vía para asignar transferencias de recursos públicos (transferencias, subsidios en efectivo o en especie) a personas u hogares. El Registro permitirá eliminar la discrecionalidad y clientelismo electoral en los programas sociales.
  • Poner en práctica una política bien entendida de subsidiariedad, en la cual cada acción ayude a las personas en su desarrollo, y que sea de forma temporal. Es decir, no se debe incapacitar a las personas. La intervención que tenga el Estado sobre algunos grupos no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándola de sus competencias, sino que más bien debe sostenerla en caso de necesidad y ayudarla a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales, con miras al bien común.

La satisfacción de esta exigencia requiere considerar en todas las políticas sociales las tres dimensiones mínimas que una persona necesita para lograr su pleno desarrollo humano: necesidades materiales, necesidades intelectuales y necesidades emocionales.

Todo esto, sin duda, llevará también al fortalecimiento de nuestro país.

Mañana será otro día.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.