Opinión

Al alza prácticas anticompetitivas en la red

¿Qué tienen en común Google, Facebook, Twitter, Youtube y Yahoo? Que los “disclaimers” o “deslindes de responsabilidad” que incluyen en la sección de avisos legales de sus sitios pretenden eludir cualquier imputación relacionada a la decisión de subir determinados contenidos o manipular determinados enlaces. Sin embargo, gradualmente las decisiones judiciales dictadas en diversas jurisdicciones empiezan a identificar que estos grandes jugadores de internet son responsables de muchas de las secuelas anticompetitivas de sus servicios, así como de la violación de propiedad intelectual y derecho a la privacidad.

Veamos el caso de Google. En sus inicios, el gran reto era que los usuarios pudieran llegar a la información que buscaban de la manera más precisa, neutral y rápida posible. Esta habilidad los posicionó como “el buscador más buscado” de internet. Las cosas han cambiado drásticamente, y hoy Google trata de mantenernos en su campo de atracción y dirigirnos hacia empresas que han pagado para ser favorecidas en el posicionamiento manipulado de los resultados en sus motores de localización de información.

Estas formas de operar tienen claros efectos en la competencia, al desplazar a quienes podrían tener atributos para encabezar las listas de acuerdo a sus atributos comerciales, y a intermediarios que resultaban necesarios en el pasado. ¿Para que pasar por una agencia de viajes si el usuario puede ya directamente hacer el trabajo de elección que Google ha previamente realizado? Si el desplazamiento de competidores es resultado de la evolución del mercado no hay razón para dolerse, pero la experiencia demuestra que la marginación es producto de prácticas anticompetitivas desplegadas por los dominantes feudos de las redes sociales.

Al propio tiempo, la utilización ilegal de marcas de competidores, tanto en forma velada como explícita, para desviar clientes en forma desleal a sitios a los que no tendrían porque haber llegado, empieza a ser una conducta recurrente a la que Google responde levantándose de hombros. Lo más que hace el gigante es establecer algunos procedimientos para que quien se sienta afectado presente una reclamación, y si la empresa lo considera procedente, entonces suspenderá la conducta ilegal. En muchas jurisdicciones, poner los medios al alcance del infractor es una conducta de complicidad o encubrimiento, y quien los pone a disposición debe responder por el tiempo en que la infracción se presentó.

El argumento que Google pretende oponer, en el conocido sitio de videos Youtube, a cualquier acusación por permitir contenidos considerados como ilegales por violación a derechos de autor, es que ante el volumen de información que se sube diariamente es imposible aplicar un filtro previo de control que resulte medianamente eficaz. Eso hace que la reacción del sitio sea solo a partir de la reclamación del afectado, lo que muchas veces no sana los daños causados. El beneplácito social por las nuevas formas de expresión y comunicación que las redes electrónicas brindan es elocuente y no admite regateos; pero el balance hacia mecanismos que respeten los derechos de propiedad intelectual y la privacidad sigue siendo una asignatura pendiente.

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