Opinión

Ahora, un diputado

¿Hasta qué punto ha llegado la violencia en el país que el secuestro y asesinato de un diputado federal se ve ya como algo “normal’’?

El secuestro y –a reserva de confirmarse con las pruebas de ADN–, del diputado federal del PRI por Jalisco, Gabriel Gómez Michel, tendría que haber levantado una ola de quejas y reclamos de parte de sus compañeros de partido y, desde luego, de sus compañeros del Congreso.

Pero hasta la noche de ayer, salvo las declaraciones del coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, quien afirmó que sin duda detrás del crimen está la delincuencia organizada, muy pocas voces se pronunciaron al respecto.

Y eso que, a decir de las autoridades locales, el legislador no había recibido amenazas ni se le conocían conflictos de cualquier índole. Pero la forma en la que fue “levantado’’ y presuntamente asesinado, indica que se trató de una posible venganza.

Si así fue, ¿en dónde estamos parados?

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¿Qué estará escondiendo la Procuraduría de Justicia del Estado de México que “reservó’’ por nueve años la investigación –es un decir, por supuesto–, del supuesto enfrentamiento entre personal del Ejército y un grupo de presuntos delincuentes en Tlatlaya?

Los partidos de oposición están encontrando inconsistencias en las supuestas investigaciones y en las declaraciones de funcionarios locales y federales como para suponer que algo turbio se pretende esconder.

Como sea, legisladores y ciudadanos tienen la oportunidad de recurrir a lo organismos garantes de la transparencia para exigir conocer la investigación que supuestamente realizó la Procuraduría estatal sobre los hechos en los que murieron 22 presuntos delincuentes en un “enfrentamiento’’ con militares. Si así fue, ¿por qué la reserva?

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El diputado local del Partido Verde, Jesús Sesma, presentará en los próximos días una iniciativa para buscar que en el Distrito Federal se prohiba la presentación de cualquier espectáculo que promueva la trata y la explotación sexual.

No se trata, como se dijo ayer en algunos medios, de prohibir los table dance, sino aquellos “espectáculos’’ en los que se compruebe la explotación sexual forzada.

La trata, pues.

Sesma fue el impulsor de la legislación que prohibe la utilización de animales en los circos que se presenten en la capital del país, lo que le generó una persecución de los empresarios del ramo y de sus trabajadores.

La ley fue aprobada en la Asamblea Legislativa y semanas después publicada en la Gaceta Oficial del gobierno de la ciudad; ha sido replicada por lo menos en cuatro estados.

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A propósito de leyes, los senadores no han encontrado aún el consenso para la aprobación, en esta semana, de la Ley General para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, enviada por el presidente Peña como “iniciativa preferente’’.

En otras palabras, los diputados se tomarán todo el mes que la ley les autoriza para realizar los cambios a una iniciativa que de plano fue rechazada en sus términos por todos los partidos.

El tema del atorón sigue siendo el capítulo de las sanciones que, adelantó el secretario de la Comisión de Educación, Juan Carlos Romero Hicks, no serán penales como pretende el Ejecutivo sino administrativas.

El 80 por ciento de la iniciativa fue reformado por lo que el documento que se aprobará el lunes próximo será uno distinto al que envió Peña al Senado, pese a que en las discusiones sigue participando el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos.

Twitter: @adriantrejo