Opinión

Ahora, la “liguilla’’ del Congreso

Tan pronto como mañana mismo se reanudarán las negociaciones de las leyes secundarias en materia política; se calendarizarán –otra vez-, las de telecomunicaciones y comenzarán los primeros escarceos de la reforma energética enviada al Senado apenas el 30 de abril pasado.

Así que los senadores, principalmente, no tendrán precisamente un periodo vacacional, como generalmente ocurre con los recesos, sino que deberán estar a disposición de sus coordinadores parlamentarios para lo que se ofrezca.

Y aunque tentativamente existen fechas preacordadas para tres periodos extraordinarios, la verdad es que ningún coordinador parlamentario puede garantizar que efectivamente esas fechas se cumplan.

Eso sí, el priista Emilio Gamboa afirmó que su fracción no legislará “ni al vapor ni sobre las rodillas’’ en tanto que Manlio Fabio Beltrones se comprometió a que las leyes pendientes serán aprobadas, incluida la energética, ante de que termine junio.

A ver.

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¿Se acuerda del general Francisco Arellano Noblecía, a quien en 1975 se le imputó la masacre de 7 campesinos y 22 heridos en San Ignacio Río Muerto en Sonora?

El general fue exonerado de las imputaciones por la fiscalía que investigó el caso; Arellano Noblecía fue después titular de la Policía Federal Preventiva y Coordinador de las Fuerzas Especiales de la misma y posteriormente, responsable de la muy nebulosa Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del DF en la pasada administración.

Pues Arellano Noblecía es la flamante adquisición del Órgano de Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad, que encabeza José Luis Musi Nahimas.

El general, con la prepotencia que lo caracteriza y la protección de Musi Nahimas, pretende desarrollar labores de seguridad penitenciaria que no es lo mismo que policial, como se fueron sus actividades anteriores.

El caso es que todos los problemas en las cárceles federales se deben en buena medida a los oídos sordos que Musi, como encargado de los recursos financieros y materiales, ha hecho a las quejas de los directores de los centros y, desde luego, de los proveedores.

¿Habrá alguien en el gobierno federal que levante la vista hacia esa oficina antes de que los problemas estallen en un conflicto de consecuencias indeseables?