Opinión

Aguirre o la impunidad

Uno de los signos inequívocos de la descomposición del sistema de partidos políticos, uno de los que más lastiman y ofenden a la ciudadanía, es el síndrome de la impunidad colegiada. Todos tapan a todos, me dijo recientemente un líder político de izquierda, aludiendo a esta innegable y vergonzante tendencia del sistema político mexicano.

Es larga la colección de personajes, gobernadores, secretarios de Estado y sin duda numerosos presidentes municipales, quienes debieron en el pasado enfrentar cargos formales ante la justicia, seguir un proceso y en cada caso, ser consignados. Mirar hacia atrás resulta inútil y absolutamente improductivo. Por qué no empezamos hoy.

Ángel Heladio Aguirre, gobernador con licencia de Guerrero, deberá responder de inmediato por los graves casos de violencia en la entidad durante su administración. Las fosas que se acumulan cada semana, los evidentes casos de omisión, tal vez incluso de comisión, lo colocan en una posición obligada de investigación y de rendición de cuentas. No puede irse a su casa con el simple descrédito como castigo, máxime cuando se suman señalamientos y relaciones que cuestionan su integridad.

Para el gobierno federal, manchado y lesionado por esta crisis fuera de control en una entidad –que no la única– aparentemente dominada, o por lo menos en zonas significativas, por grupos criminales y cárteles del narcotráfico, representa una oportunidad real de enderezar el rumbo del deficiente sistema judicial de este país.

Abrir un expediente, solicitar y recibir órdenes de aprehensión en contra de un hampón de poca monta como Abarca y su mujer, no significa una limpieza de fondo. Investigar y formular cargos con evidencias sólidas y pruebas contundentes en contra de un exgobernador, es abrir un camino y un mensaje en contra de los abusos y excesos del poder.

Y de una vez vale señalar que no vaya el PRD –ya se insinuó por ahí– a pedir que también se enjuicie a Eruviel Ávila o a algún gobernador panista. La justicia no puede estar sometida a los designios de los partidos, no puede limitarse al “no me acuses en esto y te apoyo en aquello” como aparentemente sucedió con el escandaloso caso de Oceanografía. Ahí rectificaron afortunadamente porque el señor Yáñez, insultante defraudador del fisco, de los bancos, del IMSS y del Infonavit, ya fue declarado formalmente preso. ¿Y los de Pemex? ¿Dónde están los cómplices?

Hoy lo importante es marcar una raya definitiva en torno a los malos gobernantes y los múltiples servidores públicos que se enriquecen a costa de sus cargos, y peor aún, cuando se asocian al crimen que controlan y coordinan desde oficinas públicas. Inadmisible.
Es hora de aprobar de forma urgente la Ley Anticorrupción y constituir la propuesta panista –ya bienvenida por el PRI– en torno a una comisión nacional en este sentido.

Es hora de marcar un enérgico alto a los funcionarios coludidos, indolentes, asociados por torpeza o por voluntad con la delincuencia. ¡Basta! No habrá inversionista extranjero que quiera venir a poner sus fondos y dineros en este país, si este panorama no empieza a limpiarse.

Reclamarán que por qué no Marín de Puebla, o Ruíz de Oaxaca, o Moreira o Montiel, el que usted quiera. Para atrás no tiene mucho sentido. Los cambios carecen de sustento si se pretenden retroactivos. Vamos de aquí para adelante.

No repitamos el penoso rastro de la inolvidable procuradora Marisela Morales en el gobierno de Calderón, cuyos casos inconsistentes e insustanciales se han ido derrumbando uno a uno. Que sea esta Procuraduría la que construya e integre expedientes sólidos, con evidencia incontrovertible, con testimonios probados y verídicos.

Empecemos ahora, enviemos una señal al mundo de que sí podemos tener un auténtico aparato de justicia que lucha, combate, persigue y castiga la impunidad y la corrupción.

Twitter: @LKourchenko