Opinión

Aguascalientes. Ponerle alto al clero.

 
 

 

Imagen temática de iglesia (Shutterstuck)

Si la elección de Colima tuvo que repetirse porque un funcionario de medio pelo se fue de la boca, la elección en Aguascalientes tiene que ser anulada por culpa del clero.


Esa es la convicción en el equipo de Lorena Martínez y la dirigencia nacional del PRI, que ya impugnaron esta semana ante la Sala Administrativa y Electoral de Aguascalientes el triunfo del panista Martín Orozco con un argumento inédito, al menos en la historia moderna de las elecciones para gobernador en el país: la iglesia metió las manos a favor de un candidato e inclinó la balanza. Si las sotanas lo hicieron de manera individual u organizada, da igual. La intromisión religiosa, sostienen, es evidente.

En el equipo de Martínez se asegura que hay elementos contundentes que demuestran que Orozco ganó la elección gracias a un empujón orquestado desde la diócesis por órdenes del obispo José María de la Torre. El resultado, hay que recordar, fue cardiaco, uno de los más cerrados que jamás se hayan registrado en Aguascalientes: el panista venció a la priista por menos de 15 mil votos, una diferencia de menos de dos puntos porcentuales. ¿Cuántos de esos sufragios vinieron desde el púlpito?

Entre otros, el expediente priista incluye los siguientes elementos a manera de evidencia:

* Cuatro videos en los que diáconos, laicos o sacerdotes hacen llamados a “votar a favor de los candidatos que defiendan la vida y la familia”.

*Propaganda fijada en las rejas y atrios de distintas iglesias del estado, en la que se invita a la feligresía a apoyar al PAN. Una calcomanía es directa: “El PAN apoya a la familia. El PRI al aborto. Vota por el PAN”.

*Una carta firmada por el obispo en la que insta a la feligresía a defender el “matrimonio natural”.






Determinar si son pruebas válidas o no tocará al poder judicial hidrocálido y en última instancia, al federal. Pero más allá de lo local y de ayudar al PRI a reducir por la vía de las cortes el desastre que representó la elección del pasado 5 de junio –un planchón histórico--, la impugnación tiene implicaciones nacionales. Una línea de pensamiento entre el priismo apunta a que es en Aguascalientes en donde se tiene que pintar la raya, el hasta aquí. La anulación es un símbolo. Es con esa elección con la que se quiere detener el creciente activismo de la Iglesia Católica, que en la última campaña jugó de forma abierta en contra de varios candidatos priistas, como resultado de su rechazo a la iniciativa a favor del matrimonio igualitario impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto.

El cálculo, dicen operadores políticos, es sencillo: si no se frena a la iglesia en esta elección, se le estará dando rienda suelta a meter mano en los comicios de 2017, en los que estarán en juego entidades profundamente católicas como el Estado de México y Nayarit. En el caso mexiquense, el obispo de Toluca, Francisco Javier Chavoya, ha dado un claro ejemplo de cómo someter al poder político con la amenaza de su veto no oficial. La iniciativa local de matrimonio igualitario permanece en el congelador desde hace varios meses. Ningún legislador quiere ni tocarla con un palo de 10 metros.

Y después viene el 2018, en donde cabe preguntarse hacia dónde bateará la santa madre iglesia. La pregunta es sencilla: ¿Qué tipo de sacerdotes se quiere en la siguiente contienda presidencial? ¿Una horda activa y politizada o una legión que se dedique a lo suyo, que es lo espiritual?

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La impugnación de Martínez ante el órgano local es solo un paso previo, un formalismo, antes de que el tema escale y llegue al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde ya se han anulado elecciones municipales en el pasado por intromisiones religiosas. A saber, el equipo de la priista sustenta parte de su caso en los siguientes antecedentes de comicios que han debido repetirse:

Zacatelco, Tlaxcala, en 2002; Zamora, Michoacán, en 2003; Tepoztlán, Morelos, en 2003; Yurécuaro, Michoacán, en 2007; Zimapán, Hidalgo, en 2009; Toluca, Estado de México, en 2009; otra vez Tepoztlán en 2009; Tulantepec, Hidalgo, en 2011; y Los Cabos, Baja California Sur 2011.

A mayor detalle, en el caso de Zacatelco, se anuló la elección municipal por la distribución de propaganda por parte de agrupaciones religiosas. En los comicios de Zamora, se utilizaron símbolos religiosos en la propaganda electoral. Y en los de Tepoztlán, se usó una cruz en la propaganda partidista.

Si esos elementos bastaron para anular --parecen nimios frente a la ofensiva en Aguascalientes--, el PRI sostiene que tiene todas las de agriarle la fiesta a Martín Orozco.

Si el tema llega al nivel federal, se espera una resolución antes de septiembre. Hay que recordar que esta podría ser una de las últimas decisiones de los actuales magistrados del Tribunal Electoral. Se van todos en noviembre.

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En la Iglesia, por lo pronto, están tranquilos. No en demasía, no relajados, pero tampoco preocupados. “No hay fundamentos suficientes para impugnar”, asegura un sacerdote bien colocado en la jerarquía nacional. “Y si ellos están encabronados, nosotros aún más por la iniciativa del presidente”.

Pero hay una rendija que sí les genera duda. No es el papel del obispo De la Torre, a quien consideran blindado. Es lo que hayan podido hacer algunos laicos, como la agrupación Voto Católico. Si ellos llamaron al voto por uno u otro candidato, es una falta imputable a la iglesia en su conjunto.

El artículo 442 del Cofipe aborda ese supuesto: son sujetos de responsabilidad “los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión”.