Opinión

Agenda

El 6 de septiembre de 2006, cinco cabezas fueron arrojadas en la pista de baile de un centro nocturno. Eso parece haber sido decisivo en el inicio de la guerra contra el narco tres meses después, ya con Felipe Calderón en la presidencia. No hubo, sin embargo, mayor indignación pública por el hecho, que se olvidó al grado de descalificar la reacción presidencial. Si ese hecho hubiese generado la indignación que globalmente producen las decapitaciones del Ejército Islámico, o la que produjo el bárbaro asesinato de 43 jóvenes hace pocas semanas, tal vez desde hace ocho años habríamos empezado a resolver el principal pendiente en la transformación de México. No fue así.

Lo importante es que ahora hay una reacción pública que puede ayudarnos a dar el paso decisivo. En el tránsito de un sistema autoritario a uno democrático, es determinante la construcción de un Estado de derecho, sin el cual la democracia no puede sobrevivir. Aunque hemos avanzado en ello, nos falta mucho, pero me parece que podemos lograrlo con una agenda clara, para lo cual le propongo considerar los siguientes puntos.

Primero, es indispensable que no haya poder político superior a la ley. Esto ya lo logramos a nivel federal, pero no en las entidades. En consecuencia, el primer paso en la construcción del Estado de derecho es la limitación del poder de los gobernadores mediante el contrapeso del Senado (los detalles, el jueves). Adicionalmente, es necesario terminar con el fuero de legisladores y funcionarios públicos, que debe limitarse exclusivamente a sus opiniones, y no sustraerlos de la acción de la justicia. Son cambios constitucionales.

Para poder controlar al poder, es necesario que la recién creada Fiscalía, independiente del Ejecutivo, acelere plazos para empezar a funcionar de inmediato. Esa fFiscalía independiente debe tener un área especializada en corrupción, con penas reales, y no el fiasco que ha sido la Contraloría. Es conveniente que todos los funcionarios de alto nivel y legisladores deban publicar su declaración patrimonial anualmente. La ley contra lavado de dinero debe utilizarse para controlar a los partidos políticos, y eliminar el gasto ilegal que hoy tienen.

Un elemento indispensable para la vigencia de la ley es obstaculizar el clientelismo. Esto significa romper el cordón entre políticos y grupos corporativos que caracterizan nuestro sistema político: sindicatos, centrales campesinas, asociaciones estudiantiles, grupos de peticionarios, ambulantes, taxistas y demás. Entre otras cosas, esto implica aplicarles la ley para impedir el uso chantajista de manifestaciones, paros y cierres “simbólicos”. Cualquiera debe poder manifestarse, a nadie debe permitirse chantajear.

Es determinante construir un servicio civil de carrera de verdad, que separe la mayoría de los puestos públicos de la lucha política. Esto debe iniciar en el Poder Judicial, la Fiscalía y los cuerpos de seguridad pública. Es imprescindible que la carrera policial o judicial sea atractiva para jóvenes calificados, y no una opción para no morir de hambre o para incorporarse al crimen, como lo es hoy en casi todos los municipios. Es muy posible que esto implique la desaparición de las policías municipales, o su limitación a labores muy concretas. A grandes números, esto puede costar 3.0 por ciento del PIB.

Es una agenda concreta, que puede alcanzarse mediante el pacto que ha propuesto el presidente. Sería un camino de solución, y no un espacio de declaraciones, como han sido los acuerdos de seguridad y justicia hasta hoy. A su consideración.

Twitter: @macariomx