Opinión

Agenda 2018

 
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2018

Los próximos candidatos presidenciales de los partidos, coaliciones o independientes que se registren, deberán incorporar una serie de temas capitales para el país hacia 2018. Temas urgentes, de imposible posposición, que serán vitales para el avance institucional y democrático de México.  

Es indudable que la presente administración aportó una serie de avances jurídicos e institucionales, que aún están por florecer y enriquecer al país, pero cuya puesta en marcha resultó trascendental. A pesar de la controversia, y de querer negar sistemáticamente las cosas buenas impulsadas por este gobierno, las reformas son un logro significativo. El retardado Sistema Nacional Anticorrupción del que los ciudadanos esperamos mucho, es también un avance. De forma señalada el incremento en la recaudación fiscal, gracias a la cual la caída de los ingresos petroleros, la disminución de la producción y el derrumbe del mercado internacional en materia de precios, pudo ser sorteada con relativa solvencia y evitar una crisis mayúscula. Piense usted que a finales de 2012 las finanzas públicas dependían en 40 por ciento de los ingresos petroleros; hoy, cinco años después, es de apenas 15-18 por ciento.

Pero existen pendientes, fundamentales para el primer año de la siguiente administración. Aquí algunos:

1. Legislativo. Eliminación del fuero constitucional a legisladores de todo el país; mecanismos fuertes, inviolables, con auditorías externas en tiempo real y transparente rendición de cuentas sobre los dineros públicos.

2. Electoral. Reforma electoral –perdón, una más– que rediseñe el modelo de recursos públicos a los partidos políticos. Tenemos una democracia cara, que reserva a los partidos cantidades enormes de dinero de todos los mexicanos. Es imprescindible reformular los mecanismos –Ley Kumamoto y otras– mediante los cuales les entregamos recursos sin rendición de cuentas. Y también, que modifique los términos sobre los cuales participan candidatos independientes: los candados, firmas y registros, están diseñados para disminuir –si no eliminar– la participación de ciudadanos particulares, sin el respaldo de partidos. Ellos poseen en exclusiva el patrimonio y escaparate electoral de México.

3. Salud. Reforma al sistema nacional de salud. México gasta entre 6.0 y 8.0 por ciento del PIB en salud pública. Muy por debajo del promedio de la OCDE o de varios países latinoamericanos (Chile, Argentina, Brasil están en niveles de 10, 12 y hasta 14 por ciento). Nuestro sistema, valioso, sólido, con vacunación ejemplar a nivel mundial, ha caducado. El perfil epidemiológico de México se transforma con la rapidez del envejecimiento poblacional. Es urgente redirigir recursos, modificar estrategias para atender diabetes (3.0 por ciento del PIB) de forma masiva, para enfrentar las neurológico-degenerativas y para fortalecer la prevención.

4. Educación. Reforzar, profundizar y extender la reforma educativa para que se haga una realidad auténtica para millones de mexicanos, para todos. Llegó el momento de transformar al SNTE y a la CNTE en fuerzas de avanzada, y no en organismos retardatarios de clientelismo político, partidista y sindical.

5. Justicia. Es tan grande el universo de las leyes, los ministerios públicos, la torpe procuración de justicia, el interminable calvario de los procesos, los jueces y el sistema, que es imprescindible una evaluación a fondo para acabar con la impunidad, para otorgar una justicia expedita, eficiente, equitativa e igualitaria para todos los mexicanos. El nuevo sistema de justicia oral deberá ser analizado y evaluado para, en su caso, fortalecerlo y profundizarlo, o en su defecto, suplirlo con algo mejor para todos.

Total y absoluta independencia del fiscal general, garantizada desde el Congreso y avalada por todos los niveles de gobierno. México necesita una procuración de justicia autónoma e independiente, no sujeta y sometida a los partidos y las voluntades de los poderosos.

6. Sindicatos. Impulsar una reforma a profundidad para modernizar estas conglomeraciones de trabajadores, utilizadas como botín político por partidos y empresas. No hay tiempo para continuar con los 'liderazgos' por décadas, con una democracia sindical inexistente, con uso de recursos indiscriminado y sin rendición. Es dinero de México, no exclusivo de un sector que extorsiona a la autoridad federal o estatal. Se acabó. Elecciones obligadas, transparentes, estados financieros públicos, todo abierto y legal.

7. Seguridad. Uno de los temas erráticos y fallidos de esta administración –que también los tiene– fue el manejo y operación del combate a la inseguridad. Equivocado el diagnóstico, errónea la estrategia y los resultados desastrosos. Imprescindible una estrategia y política global de seguridad, que involucre a gobernadores, alcaldes, mandos policíacos. Esta no funcionó.

8. Gastos en comunicación. El próximo gobierno iniciará y seguramente tendrá unos dos o tres años muy estrechos en materia presupuestal. Un capítulo urgente a reducir gastos y dispendios es la promoción de imagen, 'informes' y publicidad de políticos de todo nivel. Desde el Ejecutivo federal y sus gastos de comunicación y promoción, campañas y despliegues, hasta senadores, gobernadores y alcaldes. Es intolerable que con las necesidades reales de este país -la pobreza, el agua, el deterioro del medio ambiente- nos gastemos miles de millones de pesos en informes, reportes, campañas y spots. Por mucho que incomode o moleste a los colegas de medios impresos o electrónicos que reciben
–cual bocanada de oxígeno– los presupuestos oficiales para campañas y publicidad. Ya no más.

De aquí a junio de 2018 surgirán más temas con prioridades distintas. 

Twitter: @LKourchenko

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