Opinión

¿Adiós a las cajas de seguridad?

    
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Las instalaciones de la PGR (Eladio Ortiz)

El engaño y la desinformación son herramientas fundamentales dentro de cualquier estrategia, ya sea en el ámbito de la guerra, de la política, de los negocios o del combate al crimen organizado. Por ello puede ser apasionante el análisis de los discursos y los comunicados de la clase gobernante, de los grandes empresarios y hasta de algunos funcionarios. Los mensajes, por lo general formales y acartonados, no son interesantes por lo que dicen, sino por lo que ocultan o por lo que buscan hacer creer.

En lo últimos tiempos, la violencia criminal ha golpeado a Quintana Roo. En 2015 hubo 40 ejecuciones en el estado, en 2016 la cifra pasó a 137 (más del triple) y en lo que va de 2017 ya se han contabilizado más de 200. Lejos de contenerse, la violencia se recrudeció tras la reciente captura de los líderes del Cártel de Cancún (Leticia Rodríguez Lara, Doña Lety, y su hijo, El Dover). Justificadamente, la sociedad de Quintana Roo está alarmada. Además de la violencia –y de la mala reputación que se empiezan a ganar destinos turísticos que antes eran considerados seguros– un gran número de negocios se ven obligados a pagar cuota a los criminales.

Ahí donde la fuerza fracasó, es probable que ahora se intenten otros recursos. El pasado 9 de octubre, agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR (SEIDO), con autorización judicial, aseguraron las instalaciones de First National Security en Cancún, donde existen 1,500 cajas de seguridad. Este movimiento audaz podría en principio parecer una buena jugada. Después de todo se ha repetido hasta el cansancio que la forma más eficaz de combatir al crimen organizado es dejarse de tanto operativo policial y tanto arresto, e ir directamente sobre el dinero.

Sin embargo, la información que hasta ahora que se ha ido filtrando sobre el aseguramiento de las cajas de seguridad ha sido equívoca y contradictoria. Algunos medios afirmaron desde los primeros días que el aseguramiento se vinculaba precisamente con Doña Lety, la líder del Cártel de Cancún, detenida en agosto pasado. Otras fuentes han señalado que el cateo de las instalaciones de First National Security tiene que ver con el proceso de extradición contra el exgobernador, Roberto Borge. Posteriormente, el titular de la SEIDO, Alonso Israel Lira Salas, descartó esa última hipótesis y, sin dar nombre alguno, se limitó a afirmar que lo que se busca son objetos relacionados con una investigación en materia de delitos contra la salud (es decir, narcotráfico).

También han circulado rumores de que los bienes contenidos en las cajas de seguridad fueron trasladados a la Ciudad de México, lo que generó alarma ente los clientes de First National Security. Posteriormente se desmintió esta versión, y la PGR pareció dispuesta a realizar la diligencia sin sacar los objetos de las instalaciones (aunque argumentó que, por la imposibilidad de desplazar personal suficiente a Cancún, el proceso será lento).

Por su parte, el vocero de los clientes afectados ha señalado que nunca recibieron una notificación formal del aseguramiento de sus bienes y que ningún funcionario de la SEIDO ha intentado acercarse a ellos. Ante lo que perciben como un atropello de las autoridades, los usuarios incluso decidieron bloquear una de las principales avenidas de Cancún. El incidente trasciende a los directamente afectados. Los usuarios de otras sucursales de First National Security ya comenzaron a retirar sus pertenencias, y valdría la pena preguntarse si en el futuro los mexicanos tendrán confianza en este tipo de servicio (o si mejor guardarán sus pertenencias de valor debajo del colchón o de plano buscarán la forma de sacarlas al extranjero).

En una entrevista se le formuló al subprocurador Lira Salas la pregunta sobre por qué se optó por hacer una búsqueda –que parece abrumadora– en 1,500 cajas de seguridad. La carga de trabajo y las afectaciones a particulares inocentes que ello implica son enormes. ¿No hubiera sido mejor revisar sólo aquellas cajas sobre las que exista un indicio razonable de que pudieran contener objetos vinculados a la investigación? La respuesta del subprocurador fue elusiva, pero sugiere que el aseguramiento se decidió solamente porque algún testigo, sin aportar mayor detalle, afirmó que tal o cual organización criminal hacía uso de las instalaciones de First National Security.

Todavía me cuesta creer que la desinformación y el mal manejo de esta diligencia sean sólo un asunto de incompetencia. La SEIDO se juega mucho con el aseguramiento de las cajas de seguridad. Si ha optado por asumir el costo de echarse encima a un buen número de empresarios, de más de veinte países, quisiera pensar que hay, en efecto, una razón estratégica. Esperemos que en unos meses (ya se nos dijo que el proceso será lento) amanezca y veamos que el aseguramiento de First National Security no fue una decisión arbitraria que descalabró la industria de las cajas de seguridad, sino el inicio de una operación bien planeada para devolver la tranquilidad al Caribe mexicano.

Twitter: @laloguerrero

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