Opinión

¿Actos anticipados
de campaña?

    
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Partidos

México es una democracia ruidosa y corrupta. Pero una democracia al fin. Cumple con las dos condiciones mínimas que el politólogo Robert Dahl identificó en su obra magistral, La Poliarquía: primera, el sufragio universal es un derecho que mal que bien se ejerce, y, segunda, tenemos opciones. En México pasamos en pocos años de un sistema de partido casi único, a uno de competencia salvaje, intensa y constante. Desde hace meses arrecian los pleitos de Margarita con Anaya, entre los aspirantes del PRI, entre los incondicionales de AMLO y los que no lo son tanto. Sin embargo, la competencia no se limita al periodo electoral ni a los partidos políticos ni a los 59 candidatos independientes a la presidencia.

Hay demasiado en juego en la democracia mexicana: un presupuesto que se ejerce con enorme discrecionalidad, a quién le 'cae' una auditoría del SAT, o quién entra y quién sale de la cárcel. Casi todo el sector público es un botín que está en juego, y los contendientes tienen predilección por el juego rudo. Lo malo es que, con una competencia política tan intensa, apenas queda tiempo para que alguien se ocupe de asuntos de Estado.

La precipitada salida del procurador Raúl Cervantes sólo se explica en este contexto de democracia salvaje. En el plano retórico, el proyecto de la nueva Fiscalía General se planteó como la vía para lograr una procuración de justicia independiente y profesional. Sin embargo, nadie creyó que el grupo en el poder fuera a renunciar, así como así, a uno de sus principales cotos de poder. La idea de que podría haber un 'pase automático' hizo un daño irreparable al proceso. Desde ahí empezó el golpeteo. Luego se acuñó el hashtag FiscalCarnal. Finalmente se le filtró al procurador un descuido bastante novato: sacar placas foráneas para ahorrarse la tenencia, con el agravante de que el vehículo en cuestión es un Ferrari rojo chiclamino. Por si esta advertencia fuera poca cosa, se veían venir meses de desgaste, con un creciente número de exgobernadores a los que habrá que investigar (más que por mera corrupción, por obscenidad en el desvío de recursos).

El tono del mensaje de renuncia de Raúl Cervantes resulta interesante. No se mencionó por su nombre al presidente Peña Nieto, quien para cualquier efecto práctico lo nombró. En contraste sí hubo agradecimiento para el Senado, donde se le dio trámite a su ratificación. Sólo de pasada, Cervantes se refirió a algunos logros de sus doce meses como procurador. En cambio, pareció adherirse a algunas de las posiciones de quienes fueron sus críticos. Reconoció que la PGR trabaja con herramientas y mentalidad “del siglo pasado”, y se despidió anunciando que en los próximos días se darán a conocer los resultados de un diagnóstico que dará mayor claridad sobre la agenda para reformarla. Si su aspiración fuera a un cargo de elección popular, ya hablaríamos de actos anticipados de campaña.

Por lo pronto, la PGR se queda acéfala y no habrá fiscal general hasta que soplen otros vientos. Una mala noticia, porque la responsabilidad se diluye en tiempos en los que las presiones sobre los subprocuradores aumentarán. Unos días después de la renuncia de Cervantes, la remoción de Santiago Nieto Castillo, de la Fepade, supone otro duro golpe a la credibilidad, ya bastante golpeada, de la PGR. Esta remoción ocurrió poco después de que Nieto Castillo señalara en una entrevista que había recibido presiones para exonerar públicamente al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por sus supuestos vínculos con el caso Odebrecht.

Nuestra democracia es salvaje. La receta no es novedosa ni demasiado emocionante. Necesitamos instituciones que se hagan responsables del trabajo cotidiano de forma más o menos independiente al capricho del gobierno electo –como ya lo hace el Banco de México o el Servicio Exterior–. En ningún tema esta necesidad es tan apremiante, y tal vez en ninguno estamos tan lejos, como en materia de procuración de justicia.

Además de cambiar el proceso para el nombramiento del fiscal general hacen falta muchas cosas, como un verdadero servicio profesional de carrera ministerial. Sin embargo, para lograr que en la Fiscalía General efectivamente se modifiquen prácticas muy arraigadas, será condición necesaria –no suficiente– la determinación del titular. En ausencia de dicha determinación, la procuración de justicia seguirá siendo parte del botín. Acabaríamos incluso peor, con una serie de simulaciones, como es el Servicio Profesional de Carrera que se impulsó durante el sexenio de Vicente Fox en la Administración Pública Federal (y que en la letra sigue vigente, aunque nadie le hizo nunca demasiado caso). Es indispensable entonces que se nombre un fiscal general con capacidad y autonomía. Raúl Cervantes tiene excelentes calificaciones como abogado. Coinciden en señalarlo así, en público y en privado, varios de los juristas más destacados del país. Del tema de la autonomía será mucho más difícil que nos convenza.

Twitter: @laloguerrero

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