Opinión

Abbott, Texas y el fallo electoral


 
 
 
La oportuna intervención de los tribunales contribuyó a la victoria de Barack Obama en noviembre, al congelar o invalidar numerosas regulaciones que a nivel municipal y estatal los republicanos quisieron sacarse de la manga, para obstaculizar o de plano negar el voto de las minorías. Sin embargo, la historia de los comicios intermedios de 2014 puede ser diferente, tras el fallo de la Suprema Corte que el 25 de junio golpeó a la Ley de Derechos Electorales, aprobada en 1965, para frenar la segregación en 15 de los antiguos estados confederados que perdieron la Guerra Civil al tratar de perpetuar el esclavismo.
 
 
Según el conservador John Roberts, titular de la Suprema Corte, el veredicto del caso Shelby County v. Holder sólo reconoció que la tutela del gobierno federal para aprobar las legislaciones de dichas entidades y de otras con una trayectoria de discriminación ya no era necesaria, pues los afroamericanos, hispanos y asiáticos ejercen a plenitud sus garantías ciudadanas. La realidad, empero, muestra otra cosa, que a escala local persisten como en el siglo XIX los abusos, el fraude y la intimidación, que incluyen por supuesto el constante y arbitrario rediseño de los distritos electorales, en beneficio de las capas blancas más acomodadas de la sociedad.
 
 
Apenas se produjo el fallo en Washington cuando ya Texas, Mississippi, Alabama, Carolina del Sur y Virginia anunciaron que establecierían nuevas normas, aprovechando una tendencia en la cúpula judicial que para WSWS se remonta a la elección bananera de 2000 en Florida, que dio el triunfo a George W. Bush sobre Al Gore después de que la Suprema Corte suspendió el recuento de votos.
 
En juego
 
Lo que está en juego no es poco. Se trata de alcaldías, de gobiernos y de Congresos estatales y, claro está, de curules y escaños federales que pueden marcar la diferencia, como hoy vemos, respecto a la reforma migratoria impulsada por la Casa Blanca. Por eso Hillary Clinton, la excanciller que busca suceder a Obama, advirtió que lo que resta de la Ley de Derechos Electorales está en riesgo, mientras que en el bando ganador uno de los personajes más notorios es el procurador general de Texas y aspirante a la gubernatura en 2014, Greg Abbott.
 
 
Republicano ultraderechista que se perfila para suceder en Austin a Rick Perry tras una década que comenzó con la victoria espuria de Bush, quien ocupaba el Ejecutivo texano, Abbott ha demandado en 27 ocasiones a Washington por temas que van de la ley electoral al seguro médico y el derecho a portar armas, hasta el grado en que bromea asegurando que su trabajo consiste en 'ir a la oficina, demandar a Obama e irme a casa'.
 
 
Su fiscal general fue Ted Cruz, ahora uno de los senadores antiinmigrantes más duros y que sueña con la Casa Blanca. En el estado de la estrella solitaria, ambos pergeñaron una ley de identificación electoral que acepta la licencia para portación de armas ocultas, pero que en cambio desconoce las credenciales universitarias. Y van por más.