Opinión

A toro pasado

10 febrero 2014 5:4 Última actualización 19 agosto 2013 5:10

 
Clara Luz Álvarez
 
 

La Academia de Ingeniería ha pedido al Presidente Enrique Peña Nieto que suspenda el proceso de selección de comisionados al Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) ha señalado 'Las listas de aspirantes ya tienen muchos defectos, resultan de un proceso opaco y están definidas por una inquietante parcialidad', destacados académicos han expresado su preocupación por el proceso. La pregunta es, ¿por qué hasta ahora que se saben los nombres de los candidatos finales a la integración del IFT? ¿Por qué hasta ahora si desde que se publicó la reforma a la Constitución en junio pasado se sabía que los finalistas serían los que presentaran las más altas calificaciones del examen de conocimientos? ¿Por qué hasta ahora si las reglas del juego estuvieron fijadas desde que se publicó la convocatoria hace más de 2 meses?
 
 
¿Habrían alzado la voz si sus integrantes o ellos mismos hubieran estado en la lista de los favorecidos? Porque en todo el proceso anterior a que se supieran los nombres que integran las listas, sólo G. Sosa (Carta Abierta, El Universal), E. Villanueva (Graves Regresiones, Proceso) y en este espacio se destacaron deficiencias del proceso. Coincido con la Academia de Ingeniería que es lamentable que casi no haya ingenieros en la recta final del proceso de selección, porque los ingenieros son la piedra angular para un regulador de telecomunicaciones; coincido con la AMEDI en que habría sido importante que hubieran más especialistas en derecho a la información; el problema es que la Constitución señala que se hará un examen de conocimientos y aquellos con las calificaciones más altas serán los que integren las listas. Esto es, no importa si hay o no pluralidad, no importa si los candidatos son éticos o no, así está la Constitución que no garantiza la pluralidad.
 
 
¿Es grave que haya muchos que son o fueron servidores públicos? No. Pero sí hubiera sido deseable tener más personas de la calidad y respetabilidad de Adriana Labardini e Irene Levy como representantes de la sociedad civil organizada.
 
 

Contradictorio con la Constitución es que no se den a conocer los nombres de los que presentaron examen y sus calificaciones. Eso quebranta el principio de máxima publicidad, nos niega el derecho a saber de los mexicanos y nos impide verificar si el procedimiento ha sido apegado o no a Derecho. El Comité de Evaluación dice que la integración de las listas no fue arbitraria, sino que las 35 calificaciones más altas las fueron distribuyendo en orden (las 7 calificaciones más altas estuvieron una en cada lista, las calificaciones 8-14 más elevadas fueron una a cada lista, etc.), y después se pusieron en orden alfabético. El grave problema es que esto es un dogma de fe, ¿cómo saber si efectivamente hicieron eso si la ciudadanía carece de las calificaciones y los nombres de todos los examinados? Esa información debe ser pública para dejar de violar nuestro derecho a la información.
 
 

Pero el caso de los comisionados es pecata minuta en comparación a lo que se está cocinando en la Cámara de Diputados para complicar el ejercicio de nuestro derecho a la información, tan importante para construir un país democrático. El PRI pretende que ahora los entes públicos puedan combatir jurisdiccionalmente las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos que hasta hoy son inatacables, para hacer más cansado al ciudadano el acceder a la información y negarle en última instancia este derecho. ¿Someter a la transparencia a sindicatos y partidos políticos? El PRI se opone, PAN y PRD sí lo quieren, veremos si lo logran o si sacrifican su postura por otros temas. En esta vorágine de iniciativas energética y fiscal, la transparencia en perjuicio de la ciudadanía está en riesgo.
 

Estemos atentos.