Opinión

A oscuras



Como lo habíamos anticipado hace dos semanas, finalmente se materializó la decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de recorrer el calendario de licitación de las dos nuevas cadenas de televisión abierta (dos meses y medio), dado que aún no se aprueba la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, atorada en el Senado de la República.

Este estado de cosas no sólo complica la toma de decisiones al interior del IFT sino que envía señales muy poco favorables para los inversionistas que buscan prestar el servicio de televisión abierta a través de dos nuevas cadenas nacionales, uno de los objetivos de la reforma constitucional de telecomunicaciones de 2013.

El propio Pleno del IFT reconoce que: “… encontrándose pendiente la emisión de la legislación referida…(constituye) un desincentivo a la inversión, tanto para posibles participantes como para la obtención de financiamiento”.

Nuestro país no debe generar condiciones de inversión cercanas a la aventura. No existe economía desarrollada que antes no haya estado comprometida en dar seguridad jurídica a la inversión; lo demás son actos declamatorios irresponsables que tarde o temprano paga la población. Cada cadena de televisión tendrá un costo, de entrada, de 830 millones de pesos, con inversiones adicionales estimadas en 3 mil 200 millones de pesos, lo que hace evidente que nadie en su sano juicio invertiría tales montos a oscuras.

El riesgo aumenta para los inversionistas de las nuevas cadenas de televisión si se llegase a permitir fast track que el operador preponderante en telecomunicaciones (Telcel/Telmex), que concentra 75 por ciento de líneas móviles y 70 por ciento de las fijas, prestara el servicio adicional de televisión sin una evaluación seria del cumplimiento de sus obligaciones concesionarias y de su impacto en el mercado. Un dilema negativo en cualquier caso, la decisión final de atrasar las fechas de la licitación para septiembre próximo genera malas señales para los inversionistas.

Preocupa que nuestro país ofrezca estas condiciones para la inversión en la primera licitación de televisión abierta de los últimos 25 años. La ausencia de una legislación secundaria coloca a los posibles inversionistas interesados en el sector telecomunicaciones y radiodifusión (no sólo de las nuevas cadenas de televisión) en mala posición. Invertir en México no debe ser una aventura, insistimos.

De acuerdo con el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, la ausencia de ley ha generado la incapacidad de atraer 48 mil 642 millones de pesos de inversiones privadas y 9 mil 944 millones de pesos de inversiones públicas, pérdidas por eficiencia al aparato productivo nacional por 50 mil 88 millones de pesos y 8 mil 723 millones de pesos en empleos no generados.

Mientras tanto, ciertos líderes y legisladores del PAN y PRD siguen regateando la nueva legislación en una madeja de temas cruzados, chantajes e intereses sin fin. El país no merece tal respuesta de su clase política. Es hora de aprobar la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Lo demás es olvidarse de la gente en aras de un beneficio propio.

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