Opinión

A la mitad del camino

En el Senado se discutió y se aprobó, finalmente, el cuarto dictamen del paquete de iniciativas que conforman la magna reforma energética en la que el gobierno, empresarios y un sector de la sociedad cifran esperanzas sobre lo que podría convertirse en el inicio refrescante de un proceso de sólido crecimiento económico. Apenas ayer por la noche se remitía el paquete con la minuta correspondiente a la Cámara de Diputados, con la finalidad de que se continúe con la etapa de revisión en el complejo proceso legislativo que consagra la Constitución. Los acuerdos preliminares nos permiten suponer que muy probablemente a finales de la semana entrante podría contarse ya con el resultado de la discusión parlamentaria y, por ello, con dictámenes aprobados por ambas cámaras para turnarse al Ejecutivo federal, para la publicación de los decretos correspondientes.

Las modificaciones son amplísimas y, de todas, la que siempre nos ha llamado más la atención tiene que ver con las complejidades que derivarán de la modificación a la naturaleza jurídico-administrativa de Pemex y la CFE. De haber sido organismos descentralizados con la connotación gubernativa propia de cualquier dependencia integrante de la administración pública federal, pasaron a convertirse en empresas productivas del Estado, porque en la reforma del artículo 27 constitucional con relación a este tema, así se les definió expresa y categóricamente.

¿Por qué decimos que la transformación de la naturaleza de las paraestatales arroja entramados normativos que resultan complejos, aunque al mismo tiempo, entretenidos para quienes nos dedicamos a la interpretación del derecho?

La Constitución contempla una serie de principios y derechos que enmarcan la relación entre el gobierno y las personas. Todo servidor público está sujeto a un cúmulo de obligaciones, de facultades y concomitantes restricciones, que dibujan una relación tirante que ha venido dando forma a nuestra sociedad. Anteriormente sujeta de un abuso constante y víctima de corrupción por parte de nuestros gobernantes, hoy, en cambio, la ciudadanía se ha empoderado tremendamente con el objeto de impedir la consumación de actitudes altaneras o prepotentes de la autoridad. Leyes anticorrupción, transparencia, tutela de los intereses legítimos y nueva competencia de los tribunales federales de amparo son algunas de las marcas que han ido pintándose en el todavía inconcluso camino para la erradicación de la corrupción.

La vigilancia del proceso para la adquisición de bienes o servicios en las dos paraestatales ha sido siempre un punto clave para el control y erradicación de la corrupción. Con miras a impedir el ejercicio indebido del poder que ofrece la existencia de los monopolios del Estado, la legislación se ha encaminado a establecer directrices muy claras que tienen que ver con dos momentos en el proceso para la contratación pública: principios y mecanismos de control preliminares a la celebración de los acuerdos económicos correspondientes, a través de la instrumentación de procesos de licitación en sobre cerrado o invitación restringida, por un lado, por mencionar algunos; y, directrices y procedimientos de verificación y sanción en contra de aquellos servidores públicos que ejerzan de manera indebida la responsabilidad que les hubiera sido encomendada en ese departamento, por el otro, algunos de los cuales pueden concluir con la inhabilitación del servidor público o hasta con su encarcelamiento.

La mayor esperanza que pudiera existir entre nosotros por ver un mejoramiento de las condiciones de desarrollo del país no podría ser excusa que justificara dar un paso atrás en la añeja búsqueda de la erradicación de la corrupción en el país. La ley que habrá de aprobarse en materia energética debe contemplar los caminos por medio de los cuales se siga sancionando, con todo rigor, el acto inmoral de aquel servidor público que, valiéndose de su encargo, desvíe recursos del Estado para fines personales o, en su defecto, debe combinarse con todo aquel otro andamiaje jurídico ya existente que así lo prevé.

Un tema nos debe interesar y es menester que efectuemos los cuestionamientos correspondientes. Pemex y CFE, como empresas productivas de todos los mexicanos, deberán de empezar a competir en igualdad de circunstancias frente a otros conglomerados económicos que gozan de enorme prestigio y reconocimiento mundial, por cuanto a la calidad y eficiencia de las actividades que realizan. Absolutamente ninguna de ellos está supeditado al tortuoso camino normativo relacionado con la organización de complejos procesos de licitación para la contratación o subcontratación de bienes o servicios. Todos se sujetan a obligaciones y compromisos que derivan de la ley nacional o extranjera en materia de combate a la corrupción en procesos de contratación pública, pero en el ámbito del desenvolvimiento económico entre particulares, gozan de absoluta autonomía de la voluntad.

En el complejo proceso para hacerse de insumos baratos y de buena calidad, en México o en el extranjero, las empresas productivas mexicanas deberían de situarse exactamente en las mismas condiciones a las que están sujetas aquellas empresas con las que habrán de competir. ¿Sería justo que para la conducción de las que ya no son paraestatales y que ya no tienen fines recaudatorios puros, se establezcan candados de tal rigor que les impidan cumplir realmente la función empresarial que tanto nos interesa?

Este cuestionamiento arroja la imperiosa necesidad de darnos cuenta sobre cómo es que, desde la reforma energética al artículo 27 constitucional y a partir de su implementación con la aprobación de la legislación secundaria respectiva, Pemex y CFE ya no deberían tener a su cargo la pesada responsabilidad de ser las empresas encargadas de sufragar el presupuesto nacional, ni la loza del interés social vinculado con la explotación de nuestros recursos. Se trata de unidades de producción que deben guiarse por la filosofía empresarial más pura de lograr, de la manera más eficiente posible, maximizar las ganancias que se generen con la explotación de los recursos del subsuelo o con la generación de energía eléctrica, porque son esas utilidades la sustancia que conforma el patrimonio petrolero y energético de todos los mexicanos.

Así las cosas, en esta competición de nado por la medalla de oro en los cien metros combinados, resultaría absolutamente injusto obligar a nuestro seleccionado a lanzarse al agua vestido de traje y corbata, cuando el resto de los competidores visten los trajes más articulados e hidrodinámicos inventados por la ciencia.