Opinión

A la hora final

 
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[Andrés Granier/Cuartoscuro]

Desde hace semanas hemos venido insistiendo en la necesidad impostergable de que este gobierno ejerza medidas ejemplares contra la corrupción. El nuevo sistema nacional en esta materia, faculta al Poder Ejecutivo para construir casos que compartan información desde la Unidad de Inteligencia Financiera (SHCP), el SAT, las procuradurías estatales, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Auditoría Superior de la Federación (fortalecida y vigorizada) y tantas otras instancias que registran los movimientos de efectivo, las transferencias de cuentas, las entradas injustificables, los pagos fuera de promedio o regularidad.

Por décadas en este país, el brazo de la justicia fue un instrumento político. Los funcionarios electos que llegaban a un cargo, ordenaban investigaciones de las administraciones precedentes por haber sostenido confrontaciones políticas, acusaciones o señalamientos personales.

Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) ordenó el fin político de Jorge Díaz Serrano (en ese entonces senador de la República y exdirector de Pemex) porque había osado aspirar o tímidamente contender por la candidatura presidencial. Se buscaron las causas y los motivos, aquellos dos barcos petroleros en Chile, pero lo cierto y de fondo, fue la decisión y voluntad política del nuevo presidente.

En años mucho más recientes, Arturo Núñez (PRD), gobernador de Tabasco, decidió perseguir y encarcelar a su antecesor Andrés Granier (PRI), porque había delitos comprobables, pero sobre todo, por la voluntad del nuevo gobernador.

Pareciera que, si todos hicieran una investigación de rigor, probablemente encontrarían causas de consignación en muchos casos. Pero el tema sigue siendo que el aparato de justicia está con frecuencia, sometido a la voluntad del nuevo mandatario federal, estatal o incluso municipal.

Por eso ha sido vital por décadas para quienes dejan el gobierno, aquellos que llegarán “a cubrir las espaldas” como se dice en el argot político.

Las abundantes y escandalosas revelaciones y documentos reunidos en Estados Unidos por autoridades federales (FBI) en contra de Rodrigo Medina (gobernador saliente de Nuevo León), su padre y su hermano, por su extensa y costosa red de empresas inmobiliarias, ameritarían una investigación en automático de la PGR. ¿Está en curso?

Las más recientes revelaciones en contra del exgobernador Humberto Moreira, que no vienen sino a confirmar las sospechas, y para algunos, certezas en su estado, de que el señor Moreira –Humberto, no Rubén– se despachó con la cuchara grande, exigen, demandan, que la PGR actúe sin dilación.

El caso de Eugenio Hernández de Tamaulipas y su propio antecesor –ya con orden de detención en EU– Tomás Yarrington, nuevamente confirman que las autoridades estadounidenses han encontrado una veta de investigación sobre lavado de dinero que agrupa, reúne o por lo menos coloca en la misma categoría a más de un político mexicano. Deplorable.

En esa misma categoría están las propiedades inmobiliarias, departamentos del señor José Murat, exgobernador de Oaxaca, que súbitamente apareció con predios que modestamente sumarían un valor cercano a los cinco millones de dólares.

En estos días me confirman que el exgobernador de Chiapas, Juan Sabines, al que nadie toca y del que nadie habla, fue ya designado cónsul de México en Orlando, cuando contrajo un crédito a nombre de su estado por más de 5 mil millones de pesos en los últimos tres meses de su ejercicio, del que hasta ahora, nadie ha dado cuenta.

Y la lista no termina, y además cruza banderas y colores partidistas. Ahí están el señor Padrés de Sonora, que merecería ya un abultado expediente en la PGR para ser detenido en cuanto entregue el cargo. O el de Marcelo Ebrard, que con astucia sus defensores afirman que es víctima de una persecución política. ¿Por qué mejor no van explicando las conexiones e intercambios de cuantiosas sumas entre las empresas de sus hermanos, inmuebles y negocios relacionados al GDF durante su gestión?

Esta es la hora final que medirá el tamaño de la actual administración: ¿habrá una auténtica, frontal, sistemática lucha contra la corrupción? O quedaremos sólo en la retórica de las promesas y los discursos.

Y le he hablado a usted sólo de poderes ejecutivos, qué tal si vamos investigando la cuentas de los jueces que liberan criminales con la afirmación –tal vez sustentada de la falta de pruebas– o de los legisladores –diputados y senadores federales y locales– cuyos patrimonios se multiplican después de su gestión. Es ahora o nunca.

Twitter:@LKourchenko

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