Opinión

86,000 millones para el seguro universal


 
Por si algo faltara para hacer más complejo el panorama de las reformas en el mes de septiembre, también se presentará entonces una reforma a la seguridad social.
 
 
Aparentemente esa reforma contemplará básicamente tres ámbitos: un seguro de salud universal; un seguro de desempleo y una pensión universal.
 
 
Respecto al tema de la salud, no habrá mucho que hacer. Si se suman los derechohabientes del IMSS y del ISSSTE a los del Seguro Popular se estima que habría una cobertura de casi el 97% de la población.
 
 
De hecho, el número de afiliados a las tres instituciones suma más de 121 millones de personas. La razón de que sea mayor aún que la población total es que hay muchas duplicidades. Es decir, hay millones de personas que son derechohabientes del IMSS o de algún otro sistema y aun así fueron sumados al Seguro Popular.
 
 
En este caso, el problema de fondo con los sistemas públicos de salud es la deficiencia en la atención. Los grandes temas de la reforma en este caso serán lahomologación de coberturas, la calidad del servicio y de las posibles sinergias institucionales para dar más eficiencia a esa cobertura. Habrá que ver si esas sinergias tienen lugar.
 
 
El tema de las pensiones es muy diferente. La cobertura es mucho menor. Los pensionados del IMSS y del ISSSTE suman 3.9 millones. Sin embargo la población susceptible de recibir una pensión, es decir, los mayores de 65 años, son en este momento 7.5 millones. Es decir, hay alrededor de 48% de personas sin cobertura.
 
 
Debe reconocerse que el primer gobierno local que impulsó un programa de pensión universal, como el que ahora se propone a escala nacional, fue el de López Obrador en el DF.
 
 
Si se pagara un salario mínimo mensual a cada uno de los que hoy no tienen seguro y tienen más de 65 años habría que incurrir en una erogación de alrededor de 80,000 millones de pesos al año, y la cifra sería creciente, así que un problema con este componente del seguro universal es el fondeo permanente de estos pagos.
 
 
Al anunciarse este beneficio se tendrá que dar a conocer también el esquema de fondeo que aseguraría su viabilidad financiera.
 
 
En el caso del seguro de desempleo, los estudios que ya ha hecho la Secretaría del Trabajo visualizan que se otorgue a alrededor de 575,000 trabajadores formales que pierden su empleo cada año.
 
 
La erogación estimada es de un salario mínimo mensual por un máximo de seis meses por trabajador desocupado. Así que si se pagara este monto a lo largo de un semestre, el desembolso sería de alrededor de 6,700 millones de pesos por año.
 
 
Aun sin considerar erogaciones adicionales en la cobertura de salud, pensando que la ampliación se logra en función de las eficiencias derivadas de las sinergias, se requerirían por lo menos 86,700 millones de pesos adicionales cada año para financiar este sistema de protección universal.
 
 
Por los montos involucrados es que el gobierno está considerando atar la propuesta a la reforma hacendaria pues no pareciera haber márgenes para un gasto adicional anual de esa magnitud. Pero además, será parte de la estrategia política.
 
 
Se planteará que la única manera de instalar este sistema va a ser a través de la propia reforma hacendaria, de modo que la oposición a ella se planteará como una oposición a que el gobierno pueda desarrollar más políticas orientadas a la equidad en el país.
 
 
 
Reforma energética, ¿adelantada?
 
 
Dice Emilio Gamboa que la reforma energética propuesta por el Ejecutivo llegará en agosto a la Comisión Permanente y la analizará el Senado, lo que quiere decir que se disociará de la reforma hacendaria, que va a llegar a la Cámara de Diputados en septiembre.
 
 
Recuerde lo que le he comentado, lo más probable es que no vaya ninguna de ellas como una propuesta del Pacto.
 
 
 
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