Opinión

33 horas semanales

 
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En entrevista para Bloomberg, Carlos Slim reiteró la propuesta, que ha hecho durante cuatro años, de reducir la jornada laboral a tres días y 33 horas semanales sin bajar salarios y ampliando la jubilación hasta los 75 años de edad (EL FINANCIERO, 04.08.2016).

Poco eco ha conseguido Slim en el gobierno, en los partidos políticos y en las empresas de México.

Y es que la reducción de las jornadas laborales es un asunto muy conflictivo.

Las que ha habido en la historia de otros países fueron resultado de muy fuertes presiones sociales sobre las autoridades.

Con excepción de Robert Owen en Irlanda, en 1810, nunca surgieron como iniciativa empresarial sino al contrario, tuvieron su oposición.

En Inglaterra tomó más de medio siglo de debates en el Parlamento la reducción de 14 horas cada siete días de la semana a 10 horas por seis días, establecida por la Ley de Fábricas de 1874.

Los sindicatos obreros de Estados Unidos mantuvieron durante dos años fuertes presiones y huelgas hasta que, en 1886, el presidente Andrew Johnson estableció por ley las ocho horas de trabajo diarias.

La experiencia es que nunca se ha legislado para establecer menos horas de trabajo, sin la presión de los trabajadores y del acuerdo de legisladores y gobierno, ganado mediante luchas organizadas.

Desde la perspectiva empresarial de corto plazo, es obvio que si se reduce la jornada de trabajo y no se ajustan los salarios, el costo laboral por hora se encarece en lo inmediato; de ahí se sigue el manido argumento de que si se afecta la tasa de ganancias disminuyen los incentivos para invertir, la economía crece más despacio o se estanca y habría más desempleo.

Con esos argumentos y en ausencia de un acuerdo al que convocaran las agrupaciones empresariales o el Estado, es impensable o muy difícil que cualquier empresario tome la decisión de reducir la jornada de trabajo en su empresa.

Una decisión así tendría que basarse en el aumento de la productividad laboral, que no depende de los empleados y obreros principalmente, sino de la organización y recursos tecnológicos de las empresas, de la infraestructura y servicios del entorno para aprovisionarse de insumos y llegar a los mercados, y de las habilidades y destrezas de los trabajadores, en ese orden.

Pero es un hecho que la productividad de las menores jornadas laborales ha compensado siempre, en el mediano plazo, el alza en los costos salariales y que ha terminado por generalizarse en toda la planta productiva a largo plazo.

Con todo y sus dificultades, la propuesta es pertinente porque la economía global, y México en particular, tienen que establecer nuevos modelos de organización laboral y de distribución de sus beneficios.

La idea de Slim debería provocar la discusión de medidas que contribuyan a reducir el desempleo, a evitar horas de traslados en vehículos contaminantes, a mejorar la salud física y mental de los trabajadores, su calidad de vida y a fortalecer el mercado interno.

Hace pocos años los propios empresarios mexicanos empezaron a hablar de fortalecer el mercado interno; implicaría, como sostiene la Cepal, asumir objetivos que hagan del desarrollo algo menos desigual y ambientalmente sostenible, esto es, perseguir 'objetivos civilizatorios'.

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