Opinión

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[El peso completó su sexta sesión en terreno negativo. / Arturo Monroy]  

Ese será el monto de recursos presupuestarios en millones de pesos (mdp) destinados al financiamiento de la democracia electoral mexicana en 2017 según el Segundo Reporte Electoral de Integralia. Es la suma del presupuesto para los cuatro estados con elecciones (cuatro mil 28 mdp), más el presupuesto electoral de las 28 entidades sin elección (siete mil 219 mdp), más el presupuesto federal para el funcionamiento del sistema electoral (18 mil 277 mdp que incluye INE, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Fepade y financiamiento público de partidos nacionales).

La primera pregunta que surge es si es mucho o poco. Y la respuesta es ambivalente porque depende del punto de referencia. Una primera respuesta es que es más que el financiamiento público que se otorgaba hace seis o doce años, a pesar de que en las dos reformas electorales de 2007 y 2014 se argumentó que uno de sus objetivos era abaratar el costo de la democracia, lo cual nunca ocurrió.

Por ejemplo, el costo presupuestario de la elección de Coahuila será, en promedio, 42 por ciento más elevada que los últimos dos procesos; y en Nayarit lo será, en promedio, 81.6 por ciento. La del Estado de México será de menor costo presupuestario, aunque el tope de campaña será significativamente mayor. Veracruz sólo elegirá ayuntamientos y erogará por ese concepto mil 77 millones de pesos.

En los últimos años ha habido un incremento constante en el costo de la democracia electoral por varias razones: a) porque el financiamiento a los partidos aumenta de manera incesante porque está atado al tamaño del padrón electoral que crece año con año; b) porque en el ámbito estatal se cambió en 2014 la fórmula de financiamiento de partidos con registro local y ello significó un incremento promedio de 52 por ciento; c) porque se han dado más atribuciones al INE que, para cumplir, requiere de más burocracia y de más recursos tecnológicos y materiales (por ejemplo, la fiscalización o el monitoreo de medios electrónicos); y d) porque los órganos electorales estatales hacen menos que antes pero cuestan lo mismo (el aumento del presupuesto del INE debió haberse compensado con una reducción en los institutos estatales, pero no ocurrió así).

La cantidad de 29 mil 525 mdp de financiamiento público para el funcionamiento del sistema electoral no incluye aportaciones privadas a campañas ni tampoco el financiamiento ilegal que no se reporta a las autoridades. Integralia ha publicado estudios que sugieren que los fondos ilegales para financiar campañas pueden superar varias veces el financiamiento público. De tal forma que el costo presupuestario representa sólo una fracción del costo económico que el país destina para fondear su democracia electoral.

El Estado de México tiene el tope de gasto de campaña de gobernador más alto del país con 285 mdp, un incremento de 16.4 por ciento en términos reales con relación a la última elección de 2011. (Para dar una idea de la magnitud: el tope en Coahuila o Nayarit será de 20 mdp aproximadamente; el tope en la Ciudad de México en 2012 (a precios de 2017) fue de 32.3 mdp; y el tope de la campaña presidencial de 2012 (también a precios de 2017) fue de 390 mdp.

Ciertamente el tope en el Estado de México es muy elevado (aun tomando en cuenta el tamaño de su padrón electoral, el más grande del país). El problema es que ese tope de 285 mdp podrá ser rebasado por alguno(s) de los candidatos sin que la autoridad sea capaz de detectarlo (al igual que en Nayarit y Coahuila). Ya sea porque son donaciones en efectivo que no dejan huella y que se usan para la movilización del voto o para pagar cobertura informativa; o porque son pagos hechos por terceros que se hacen directamente a los proveedores (nunca pasan por la tesorería de las campañas). En ocasiones el candidato desconoce los montos de dichas contribuciones (con frecuencia pueden ser coyotes que desean contratos con el futuro gobierno o gobernadores en funciones que desvían recursos para apoyar al candidato de su partido).

¿Es mucho 29 mil 525 millones de pesos para financiar el funcionamiento de nuestra democracia electoral? Si lo comparamos con los réditos obtenidos por dicha inversión es muchísimo. Si por ese monto tuviésemos gobiernos íntegros, honestos, competentes, profesionales y buenos servicios públicos y un sistema amplio de cobertura educativa y de salud de calidad, entonces nadie cuestionaría lo que reciben los partidos y lo que cuesta administrar las elecciones.

Pero la gente ve las condiciones reales en la cancha del juego
–desigualdad, inseguridad, corrupción, gobiernos irresponsables– y voltea y ve las condiciones de abundancia de los partidos y opina que se trata de un abuso.

Twitter: @LCUgalde

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