Opinión

22 mil 322 misterios sin resolver

La Procuraduría General de la República (PGR) presentó ayer un informe actualizado sobre el número de personas “no localizables’’, que es un eufemismo para evitar decir desaparecidas.

El número es simplemente una estadística: 22 mil 322 personas no localizadas, de acuerdo con la subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, Mariana Benítez Tiburcio.

De esos 22 mil 322, unos 12 mil 532 son registros de personas desaparecidas el sexenio anterior y nueve mil 790 restantes corresponden a la actual administración.

Lo terrible del caso es que no se trata sólo de números, que deshumanizan la tragedia que viven cada uno de esos 22 mil 322 hogares.

Detrás de cada número, hay un padre, una madre, un hermano, un hijo, un sobrino, un abuelo, que salieron un día de su casa para no volver.

Son miles de historias, de dramas, como para condensarlas en un número que no dice nada pero que evidencia la incapacidad del Estado mexicano para brindar seguridad a sus ciudadanos.

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Por ley, en la Cámara de Diputados la presidencia de la Mesa Directiva le corresponde al PRD; así está establecido en el reglamento interno.
En el Senado, el acuerdo es de palabra; un año al PRI, uno al PAN y otro al PRD.

Le toca al PRD.

Ayer, el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, aseguró que “cumpliría su palabra’’, que no hubiera duda, pero que antes tenía que consultar con su grupo parlamentario.

Gamboa dijo, incluso, que no pasaría nada si el PRD preside ambas Cámaras el siguiente año; como no pasaría nada si las preside el PAN o el PRI, para que se entienda.

Lo cierto es que el asunto tiene que ver con el proceso electoral del 2015 y con el comportamiento institucional que deben tener los presidentes de diputados y senadores con el jefe del Ejecutivo.

Lo que no quieren los priistas, es que a un perredista radical, en un evento oficial, le gane el hígado y pueda poner en aprietos al Ejecutivo, lo cual tampoco sería nuevo.

Las presidencias de ambas cámaras dan lustre y poder a quienes las ocupan; fortalecen una carrera propia pero también la imagen de su fracción.

El ejemplo más claro es el del actual presidente del Senado, Raúl Cervantes, cuya actuación en los debates de las reformas energética y de telecomunicaciones le llevarán a la Suprema Corte como ministro.

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La consulta popular propuesta por el presidente del PRI, César Camacho Quiroz, para conocer si la ciudadanía está o no de acuerdo en reducir en 100 el número de diputados plurinominales y en 32 el de senadores por la misma vía, está siendo vapuleada.

Primero, porque no hace mucho, durante la negociación de la reforma política, el PAN propuso en el Senado precisamente la reducción que hoy abandera el PRI; fue precisamente el tricolor el que se opuso.

Además, si el PRI quiere modificar la constitución del Congreso, pues tiene el camino de la presentación de una iniciativa pero prefirió involucrar a la gente.

Otro punto cuestionado es que, de acuerdo con los expertos, la consulta popular no puede aplicar para una modificación constitucional que impacte la conformación del Congreso.

¿Entonces qué?

Pues que si el plan se mantiene en pie, tendrá que ser la Corte --otra vez la Corte--, la que determine si procede o no, es decir, si es constitucional o no la consulta propuesta por el PRI, igual que la del PRD y la del PAN.

¡Ufff!

Twitter: @adriantrejo