Opinión

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Las 45 células delictivas de los cárteles

Una de las actividades de investigación de Lantia, la empresa de consultoría de la que soy socio, consiste en elaborar y mantener actualizada una base de datos de células criminales que participan en el tráfico de drogas a mediana o gran escala en todo el país. Esta base de datos es complementaria a la que se desprende del informe de la PGR que EL FINANCIERO reseñó la semana pasada. Las dos bases cubren universos distintos: la de la PGR contempla 45 grandes grupos que compiten por el control de las principales ciudades y rutas del país; la de Lantia también pone la lupa en organizaciones de carácter estrictamente local (en la actualización más reciente identificamos un total de 202 células).

Sin embargo, más allá de estas diferencias, el informe de la PGR y la base de datos de Lantia coinciden en un punto central. En los últimos años los grandes cárteles han cedido espacio a organizaciones más pequeñas. Desafortunadamente, estas organizaciones de menores dimensiones también tienden a ser más violentas. Una razón es que, aunque todas buscan participar de alguna forma en el negocio del narcotráfico, no todas logran hacerlo con éxito (en particular, no todas pueden garantizar un flujo estable de ingresos derivado del tráfico trasnacional de drogas). Cuando el negocio del narcotráfico deja de generar ingresos estables, las células operan como mafias locales (es decir, cobran “cuota” a los negocios en su zona de operación). Por ello, no es de extrañar que las entidades en las que se observa una mayor presencia de células sean también las que registran una mayor incidencia de extorsiones.

De acuerdo a la base de Lantia, Tamaulipas es la entidad con el mayor número de células criminales. En dicho estado existen 42 grupos, la mayoría de los cuales operaron en su momento para el Cártel del Golfo o Los Zetas. Durante los últimos años, con el desmembramiento de ambos cárteles, han sido recurrentes los episodios de violencia (días en los que se registran varias balaceras y bloqueos en las principales ciudades del estado) cada vez que alguna de las células intenta desplazar a otra de rutas estratégicas para el trasiego de drogas a Estados Unidos.

Guerrero es la segunda entidad con más células, 25 en total, de las cuales la mayoría operaron para el cártel de los Beltrán Leyva. Las células criminales de Guerrero han sido en los últimos años las más agresivas en sus acciones para ejercer control territorial de las localidades en las que operan. Una de las hipótesis más verosímiles respecto a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa sugiere que Guerreros Unidos (el grupo en contubernio con la Policía Municipal de Iguala) consideró erróneamente que entre los normalistas había miembros de Los Rojos (su principal rival en la zona).

El Distrito Federal ocupa el tercer lugar, con 24 células, la mayoría de las cuales no tiene vinculación evidente con ningún cártel. La distribución de drogas en la capital –en la que predominan familias locales– ha mantenido este carácter autónomo porque, a pesar de la magnitud del mercado, la capacidad de las organizaciones para monitorear y controlar la distribución de droga es limitada. El origen o vinculación de las células con algún cártel contribuye a definir su perfil criminal. Las células vinculadas al Cártel de Sinaloa tienden a enfocarse en el negocio del narcotráfico. Por su parte, los grupos que se desprendieron de Los Zetas participan en su gran mayoría en secuestros y extorsiones.

Aunque su existencia pasó desapercibida por años en los medios nacionales, las células constituyen estructuras que tienen capacidad real de operación en territorios específicos. Frecuentemente son individuos y familias que llevan décadas operando negocios ilegales, a quienes todo el mundo identifica en sus pueblos, a veces con respeto, a veces con miedo. Aunque operen de forma subordinada a un cártel, tienen intereses propios, y relaciones de colaboración o rivalidad con los políticos y los empresarios locales.

Por ejemplo, los hechos violentos ocurridos en mayo pasado en el Rancho el Sol, en Tanhuato, Michoacán, donde murieron 43 personas, fueron producto de un operativo de la Policía Federal en contra de Los Guerrero, la célula que en ese momento dominaba el panorama criminal en la zona. Aunque en los últimos años Los Guerrero habían colaborado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, llevaban varias décadas de actividad (los registros de enfrentamientos entre Los Guerrero y otros grupos delictivos se remontan a la década de los 70).

Todo listado de cárteles o células criminales necesariamente presenta limitaciones. El crimen organizado por definición opera en la clandestinidad. La estructura y las relaciones laborales con base en las cuales se integra una organización son inestables y ambiguas (un mismo grupo de personas puede trabajar en subordinación a un cártel para determinadas actividades y de forma autónoma para otras). Sin embargo, generar información en torno a las células que operan en el país –su presencia territorial, las actividades criminales que desempeña o su relación de conflicto o colaboración con otros grupos– no es en absoluto una tarea vana. Esta información es muy útil y debe ser una función medular de las dependencias que desarrollan labores de inteligencia. Como lo sugieren las experiencias recientes de Chilapa, Iguala, Tanhuato y muchos otros municipios, conocer y vigilar de cerca a los operadores locales del mundo criminal puede ser la clave para evitar nuevas tragedias.

Twitter: @laloguerrero

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