Opinión

2014 vs 1994


 
 
 
Mañana hace 20 años ocurrieron dos hechos históricos, uno para la economía y otro para la vida política de México. El 1º. de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), el más ambicioso proyecto de apertura económica de México del siglo XX cuyas repercusiones, mayormente positivas, han transformado la vida económica y aun cultural de muchas regiones del país.
 
Pero ese mismo día surgió también el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Parecía un recordatorio de que el optimismo modernizador del gobierno de Carlos Salinas de Gortari tenía deudas pendientes con amplios segmentos marginados de la población. ¿Cómo era posible —preguntaban algunos— que frente a la promesa de crecimiento económico de NAFTA, se levantasen insurrectos que querían bloquear el cambio? ¿Qué acaso las poblaciones indígenas no creían que el libre comercio les traería beneficios, como argumentaba el gobierno de entonces?
 
¿Sirve el ejemplo para una analogía en 2014? Probablemente sí. Durante el año que hoy concluye el país se embarcó en un cambio económico —la reforma energética— de una magnitud semejante de aquel de 1993. Igual que entonces, la reforma está generando muchas expectativas, optimismo y la promesa de mayor crecimiento económico. No había habido desde hace 20 años una reforma de tal magnitud, tanto por su impacto económico como por su simbolismo histórico y político.
 
Pero igual que en 1994, el optimismo puede estimular el conflicto y la rebelión. En la vida social y política lo que importa para la percepción de que el desarrollo es justo son las ganancias relativas, no las absolutas. Si un país crece pero los ricos se enriquecen aún más, la percepción de injusticia aumenta aunque los más pobres mejoren también su nivel de ingreso. Con ello surge la irritación y el conflicto. Por eso comúnmente los procesos de conflicto social no se dan en sociedades estancadas y sin oportunidades, sino en países que experimentan crecimiento y cambios de fondo en la forma de organización social y económica.
 
Por eso es tan importante que los resultados de este nuevo ciclo reformista sean percibidos como “justos”, no en el sentido de mayor crecimiento (ganancias absolutas) sino en el de una mejor distribución del ingreso (ganancias relativas). Desde 1994 no se había dado el entorno para que diversos grupos busquen boicotear el proceso de modernización del país bajo el pretexto de la soberanía y de la defensa del “patrimonio del pueblo”. El año que inicia mañana es el periodo más propicio para que al amparo ideológico y de la percepción de injusticia, algunos grupos radicales (como en 1994) quieran irrumpir en el escenario nacional.
 
Antes de que los beneficios de la reforma energética sean percibidos en el bolsillo de la gente —lo cual tardará mucho en ocurrir— debe haber una política clara y persistente del gobierno para que la reforma energética se traduzca al final del ciclo —después de las inversiones, las exploraciones, los hallazgos de nuevos yacimientos, las exportaciones y el aumento de la renta petrolera— en un mejoramiento relativo de los que menos tienen.
 
Para que ello ocurra debe haber reformas focalizadas del mismo calado en la forma cómo gastan los gobiernos, en la evaluación de los programas de desarrollo social y la presupuestación del gasto público y su fiscalización, en la rendición de cuentas de los gobiernos estatales y municipales que recibirán parte de los beneficios de la mayor inversión, en el sistema de contrataciones de Petróleos Mexicanos, en el diseño de prácticas eficaces para combatir la corrupción añeja del sector petrolero, así como en la administración pulcra y transparente del fondo soberano de la renta petrolera.
 
Si ello ocurriera —si en verdad la reforma energética se convirtiera en el motor de una mejora en la distribución del ingreso, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto podría pasar a la historia, quizá más que el de Lázaro Cárdenas.