Opinión

2013, la agenda de Peña



 
 
 
En su propósito de "mover a México", el presidente Enrique Peña Nieto tiene frente a sí una agenda complicada, en parte definida por él y de otro lado también por las circunstancias, y sobre todo por las demandas de diversos grupos de la población, especialmente los que no están alineados con los partidos políticos: PRI, PAN y PRD, que suscribieron el llamado Pacto por México, y que ha contribuido a que el nuevo gobierno tenga un buen arranque.
 
Al establecer sus prioridades en materia legislativa para los meses próximos, Peña Nieto anticipó la necesidad de que tengan luz verde reformas que él considera fundamentales como son la fiscal, la energética y la social.
 
Desde luego, si no logran avanzar las dos primeras, la tercera de ellas, la social, tendría posibilidades muy limitadas de convertirse en realidad, ya que contempla ampliar los niveles de bienestar para la mayor parte de los mexicanos, tanto los que viven en situación de pobreza como aquellos que están al margen de los sistemas de seguridad social y que representan más de dos terceras partes de los 110 millones de habitantes del país.
 
La reforma fiscal, como lo fueron antes la educativa y la laboral, ambas aprobadas en el marco del Pacto por México, tiene largos antecedentes de discusión, de propuestas y contrapropuestas sin que hasta el momento se haya podido avanzar más allá de las tradicionales "misceláneas" que año con año tratan de ajustar el gasto federal sin boquetes mayores, cosa que se ha logrado en los últimos años, desde las postrimerías del sexenio de Ernesto Zedillo y continuado en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, que consolidaron lo que eufemísticamente se denomina la estabilidad macroeconómica.
 
Y es que una de las consecuencias no deseadas de dicha estabilidad es que, en aras de mantenerla y reflejarla en bajos niveles de déficit público, se sacrificó el crecimiento de la economía, lo cual se tradujo, entre otras cosas, en que hayan aumentado los niveles de pobreza y se haya agudizado la desigualdad en la distribución del ingreso.
 
Paralelamente, buena parte de los estados del país caminaron en esquemas distintos a los de la disciplina fiscal y alcanzaron niveles récord de endeudamiento, los que, en sí mismos, representan un obstáculo adicional para la pretendida reforma fiscal, dado que será el gobierno federal el que, a final de cuentas, tenga que responder por esos desórdenes y tratar de ponerles remedio.
 
Sobre este punto, el excesivo endeudamiento de algunos estados, independientemente de éste que se anticipa como un fuerte debate, especialmente en un año como el actual, en que habrá 14 procesos electorales en el mes de julio en que estarán en juego alcaldías, congresos locales y una gubernatura, la de Baja California, México es uno de los países de la OCDE -que agrupa a las principales economías del mundo- que presenta los niveles más bajos de recaudación, lo que también afecta su imagen como destino de inversión y reduce su competitividad a escala global.
 
Si bien en este terreno, Peña no enfrenta un precipicio fiscal como al que aún tiene que hacer frente su homólogo estadounidense, Barak Obama, lo cierto es que en esa materia tampoco está en un lecho de rosas, toda vez que su gobierno requiere dinero para hacer crecer la economía y sacarla de las tasas mediocres de los últimos sexenios, y al propio tiempo crear un marco legal que dé certeza a los contribuyentes nacionales y extranjeros.
 
Hasta el momento no se conoce el proyecto de reforma fiscal del nuevo gobierno, pero es claro que tendrá que partir de realidades y una de ellas es que la mayor parte de los mexicanos no paga impuestos sobre el producto del trabajo y que persiste un sistema inequitativo y con muchos boquetes que permiten la evasión y la elusión fiscal, así como mecanismos que terminan por favorecer a los grandes evasores del fisco.
 
Reforma energética, otro episodio
 
Muy ligada a lo que ocurra con la reforma fiscal está la energética, cuyo primer episodio tuvo lugar en el gobierno de Felipe Calderón, cuando se aprobó un proyecto con ese nombre, pero que a todas luces, y así fue reconocido por sus propios promotores, resultó insuficiente.
 
Pero de manera aún mayor que la fiscal, la reforma energética está ligada a posiciones de tipo político e incluso ideológico, las que la han colocado de antemano bajo casi una sola premisa: la supuesta o real, privatización de Pemex.
 
Lo mismo que en el caso de la fiscal, en la energética no se conoce aún el proyecto del gobierno, aunque se ha anticipado que Pemex no será privatizado y se hará énfasis en aquello que le dé viabilidad financiera a la paraestatal y al propio tiempo la convierta en una empresa moderna, capitalizada y con tecnología de primer orden, para que así pueda servir de mejor manera a los mexicanos.
 
Como se ve, el debate en torno a estas dos reformas, básicas para "mover a México", todavía no comienza, por lo que habrá que plantearlo, de ahí la necesidad de iniciativas coherentes y realistas, de modo que no terminen, como ha ocurrido en el pasado, siendo rehenes de grupos de interés, facciones partidistas o posiciones ideologizadas que ya no corresponden a la realidad del país y del mundo.
 
Reaparece el EZLN, hay que atenderlo
 
Fuera de la agenda de Peña, reapareció el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que realizó marchas silenciosas pero muy nutridas en los Altos de Chiapas y, mediante varios comunicados suscritos por el mítico subcomandante Marcos, planteó, como hace casi 20 años, cuando se levantó en armas, que su voz -la de los indígenas- sea escuchada.
 
Las demandas son concretas: que se respeten los acuerdos de San Andrés Larráinzar, suscritos por el EZLN con el gobierno de Ernesto Zedillo, y que se atiendan los reclamos de justicia de los indígenas, que siguen tan olvidados como hace 500 años.
 
El nuevo gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, surgido del Partido Verde pero aliado con el PRI y personalmente muy cercano a Peña Nieto, se pronunció a favor de que los reclamos del EZLN sean atendidos y se cumpla lo acordado en 1996, luego de los llamados diálogos de paz de San Cristóbal de las Casas.
 
En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se han escuchado planteamientos similares, por lo que es claro que el gobierno de Peña tendrá que incluir este tema en su agenda de prioridades, puesto que de un lado, los indígenas no pueden seguir condenados al olvido, y de otro, su gobierno requiere también del diálogo con grupos sociales, que como el EZLN, guste o no, resultan representativos, particularmente desde que accedieron a dejar de lado el camino de las armas.