Opinión

20 años, en 20 meses

Adrián Gallardo

El tiempo es el recurso más valioso en política y ésta es el arte de hacer posible lo necesario. Por ello, el balance de las reformas promovidas por el presidente de la República, los legisladores y las dirigencias de los principales partidos es altamente positivo para México, en la forma y el fondo: en 20 meses los mexicanos construimos las reformas necesarias desde hace 20 años.

Con la promulgación de las leyes secundarias en materia energética, concluyó un ciclo histórico de reformas, cuyo objetivo central es remover los obstáculos para acelerar el crecimiento económico de México y mejorar las condiciones de vida de la gente. Por supuesto que ahora el reto es pasar de las reformas legislativas a las políticas efectivas y de las nuevas leyes a los resultados. Hay bases y liderazgo para hacerlo con éxito.

La manera en que se construyeron las reformas significa un avance cualitativo hacia una democracia eficaz. En contraste con quienes afirmaron que el regreso del PRI a la presidencia de la República significaría una “restauración del régimen autoritario”, el Pacto por México, que fijó la agenda de reformas, fue un signo emblemático del ejercicio de una presidencia democrática y de un sistema plural y moderno de partidos políticos.

Con el Pacto, el presidente de México optó por la apertura y no por la cerrazón, privilegió el diálogo y no el enfrentamiento, promovió los acuerdos y no la imposición. El presidente asumió el liderazgo como responsabilidad y no como popularidad, y las dirigencias nacionales de los principales partidos y sus legisladores, al margen del sentido de sus votos, también tuvieron la madurez de anteponer el interés superior de México a sus legítimos intereses de partido. Así, los mexicanos demostramos que la democracia es competencia, pero también cooperación.

La premisa fue que “el Pacto propone y el Congreso dispone”. Por eso, las reformas alcanzadas fueron producto tanto de la visión de Enrique Peña Nieto (la cual propuso desde noviembre de 2011 en su libro: México, la gran esperanza), como del trabajo intenso y capacidad de los legisladores de los diferentes partidos.

Gracias a ello, fue posible superar el inmovilismo que padecimos desde 1997 cuando gobierno dividido fue gobierno detenido. Los acuerdos permitieron construir mayorías legislativas capaces de derrotar el poder de veto que venían imponiendo algunos poderes de facto, al avance de la nación. Recuperamos el valor de la política al servicio del interés público.

Ciertamente dos de las grandes reformas no fueron producto del consenso, pero sí de acuerdos que permitieron construir mayorías en los órganos legislativos. Por ello, las reformas hacendaria y energética, al igual que todas las demás, cuentan con una sólida legitimidad democrática.

Medidas por su alcance jurídico-legislativo, las reformas realizadas entre diciembre de 2012 y agosto de 2014 requirieron modificar 65 artículos constitucionales (casi la mitad de la Constitución), crear 23 nuevas leyes y cambiar o adicionar 65 más. Un logro sin paralelo, desde 1917.

Evaluadas por su contenido, las reformas significan un cambio radical en favor del desarrollo de México. Por ejemplo, la reforma hacendaria convierte las fugas fiscales en recursos para los temas sociales; impuestos más progresivos y límites a los regímenes especiales equivalen a más recaudación y mejor distribución.

La reforma de telecomunicaciones convierte la concentración que beneficiaba a unos cuantos, en competencia a favor de todos. Con ello tendremos servicios de mayor calidad, a menores precios.

La reforma energética significa revertir tendencias negativas en la producción de hidrocarburos, para aprovechar nuestras riquezas naturales como motor de desarrollo y bienestar, con más inversión, empleos y precios más bajos del gas y la electricidad.

Si cada reforma aporta beneficios en lo individual, el conjunto de todas las reformas permitirá aumentar y democratizar la productividad. Ese es el reto y la oportunidad para mejorar los ingresos de los mexicanos.

Correo: economia@elfinanciero.com.mx

El autor es presidente de la Fundación Colosio.