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Voluntad política, ingrediente real del combate a la corrupción

En promedio 12.1 por ciento de la población mexicana sufrió de forma directa casos de corrupción durante el año 2013, según el INEGI.
Jafet Tirado
05 febrero 2015 0:32 Última actualización 05 febrero 2015 5:0
DF

Alrededor de 88 por ciento de la población nacional percibió corrupción durante 2013, según el INEGI. (Bloomberg)

CIUDAD DE MÉXICO. La diferencia entre las medidas contra la corrupción y el conflicto de interés anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto hace dos días y las que se han implementado en países miembros de la OCDE, radican en la “voluntad política” para aplicarlas.

En entrevista con EL FINANCIERO, Manuel Guerrero Martínez, doctor en Ciencia Política por el Instituto Europeo Universitario e investigador de la Universidad Iberoamericana, explicó el éxito con el que otras naciones han reducción este tipo de faltas.

“En los países de Europa del Este, que también forman parte de la OCDE, como Polonia, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Rumania, los índices de Transparencia Internacional muestran que a partir de los años noventa la percepción de la corrupción fue bajando porque implementaron mecanismos de control, sanción y supervisión administrativas y los respetaron; pero esto respondió también a que fue uno de los requisitos para formar parte de la Unión Europea. Había un interés claro de la clase política de trabajar juntos. El ingrediente clave fue la voluntad política”, dijo.

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“Estas medidas a mediano y largo plazo son efectivas contra la corrupción administrativa (cuando los funcionarios se corrompen para favorecer a alguien o a ellos mismos, o no realizan su trabajo) y hasta contra la corrupción política (causada por debilidad institucional, falta de sanciones o falta de marcos legales) porque generan una cultura de baja tolerancia a los delitos”, advirtió.

Sobre las ocho acciones anunciadas por el Ejecutivo Federal, el también candidato finalista del Ifai en abril de 2014, dijo que le parecían medidas de carácter contingente, que responden a un presión de la opinión pública muy clara sobre el gobierno y no medidas reales para combatir la corrupción, ya que para él la única novedad se encuentra en la declaración de posibles conflictos de interés.

“Eso de mejorar la supervisión de compras y adquisiciones y la declaración patrimonial son unos de los muchos mecanismos con los que ya se cuenta en el país, incluso ya existe el testigo social para las grandes adquisiciones públicas; y hay todo un apartado sobre conflicto de interés en la Ley General de Supervisión de los Servidores Públicos, pero sucede que no son efectivos, porque a los funcionarios no les importa aplicarlos”, agregó.

“No hay un pacto anticorrupción de todos los partidos políticos, que sería lo único que funcionaría para aplicarlo con voluntad política. No tenemos una cultura de sanción efectiva y eso hace que cuando algún alto político o funcionario comete una acción irregular debería ser sancionada y no lo es. La ciudadanía cree que si ellos violan y hacen lo que quieren, pues ellos pueden darle cinco pesos al policía por estacionarse en una zona prohibida, o pasarse el semáforo y negociar la multa”, añadió el exdirector de la estación de radio de la Iberoamericana 90.9.

A pesar de la opinión del catedrático sobre lo limitado de las medidas del gobierno, la OCDE las celebró ayer en un comunicado en el que las considera como “mejores prácticas internacionales” y agregó que le complacía “seguir cooperando para lograr una efectiva implementación” de las mismas.

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