CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, reclamó que la inseguridad en México no se resolverá con armas y violencia, sino con un adecuado sistema de justicia penal que incluya una correcta investigación, la reparación del daño y el castigo ejemplar a quienes infringen la ley.
Dijo que "el país no es ajeno a la fenomenología en la que las víctimas de la violencia obligan a una justicia judicial comprometida con la verdad, la memoria y con el castigo ejemplar y civilizado para los victimarios".
El también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, apuntó que la combinación de verdad, castigo y reparación, depende de cada sociedad "y la cantidad y la calidad serán mayores, cuanto más consolidada se encuentre arraigada la cultura democrática".
Tras hacer un recuento de las reforma en materia judicial de 2008, 2011 y las diversas hechas entre 2013 y 2015, César Camacho indicó que hoy el más importante de los retos es de carácter cultural, pues "la expedición de las normas, per se, no cambia las mentalidades; es apenas el inicio".
"Las normas no sólo valen por el contenido normativo, sino por los valores de los que están imbuidas, tarea que corre, sobre todo, a cargo de integran las autoridades que deben ser los difusores, los explicadores y los primeros en acatar este tipo de medidas", sostuvo.
El legislador puntualizó que en el proceso juegan un papel fundamental los cuerpos policiacos, los ministerios públicos, los jueces y el sistema penitenciario; si uno de los cuatro eslabones se mantiene débil o se fragiliza, la cadena se rompe".
De acuerdo con una encuesta sobre victimización y percepción sobre seguridad pública, realizada por el INEGI, refirió, en 2011 se denunciaron 22 millones de delitos; para 2013 la cifra se elevó a 27 millones, y hasta 33 millones en 2014, sin contar la llamada 'cifra negra', es decir, los delitos donde no se inició averiguación previa, que fue de 20, 25 y 31 millones respectivamente.
César Camacho se pronunció por una mejor capacitación de la policía y del ministerio público; por acotar la figura del arraigo para evitar su abuso; por construir esquemas eficientes y eficaces de investigación, y por fortalecer al ministerio público.
Agregó que otro gran reto lo constituye el combate a la impunidad y pugnó por un sistema de enjuiciamiento transparente, expedito y evaluable para delitos comunes y un régimen de excepción por lo que respecta a la delincuencia organizada.
"Parte medular de la reforma reclama una transformación cultural, pues lo más difícil de cambiar es la mentalidad. Si logramos cambiar la mentalidad, cambiaremos el comportamiento, nunca al revés", acotó.
Dijo que aún se observa una gran resistencia al cambio y expresó sus dudas en cuanto a que el 18 de junio del año próximo esté en funcionamiento el nuevo sistema de justicia penal en las 32 entidades del país, como está programado.