Nacional

Violaron DH en Casitas del Sur, AMLO los premia

Martí Batres, César Cravioto y Julio Pérez, dieron 150 mil pesos al irregular albergue; no supervisaron las anomalías que presentaba la casa hogar en adopciones.
Felipe Rodea 
25 mayo 2015 1:52 Última actualización 25 mayo 2015 5:0
AMLO, ayer, al apoyar a sus candidatos en Guaymas , Sonora. (Tomada de amlo.org.mx)

AMLO, ayer, al apoyar a sus candidatos en Guaymas , Sonora. (Tomada de amlo.org.mx)

CIUDAD DE MÉXICO.- Martí Batres, César Arnulfo Cravioto y Julio Pérez Guzmán, acusados en 2009 por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) de violar los derechos humanos de los infantes del albergue Casitas del Sur, del que desaparecieron 15 niños, de los cuales aún se desconoce el paradero de tres, “por no haber ejercido eficazmente las facultades que legalmente tienen, según el ámbito de su competencia”, fueron arropados por Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena: el primero es presidente del partido y los otros dos, candidatos a diputados locales.

Los tres, que en ese entonces laboraban en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del Gobierno del Distrito Federal (GDF), Batres era su titular, Cravioto Romero como director del Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS), y Pérez Guzmán integrante del Programa de Financiamiento para la Asistencia e Integración Social (PROFAIS), fueron los responsables de la entrega de 150 mil pesos a Casitas del Sur, en 2007 y 2008, sin hacer la supervisión respectiva, a pesar de que ya había quejas por la entrega irregular en adopción de los niños que tenían a resguardo en ese lugar.

De acuerdo a la Procuraduría General de la República (PGR) en 2008 se reportó la desaparición de Ilse Michel Curiel Martínez, quien había sido enviada a la mancionada casa hogar. Ello obligó a una investigación del albergue que era administrado por la Iglesia Cristiana Restaurada y entregaba en adopción a los niños que le enviaban a miembros de esa misma congregación de manera irregular.

Tras las desapariciones de niños en el albergue mencionado, el ombudsman capitalino de ese entonces, Emilio Álvarez Icaza Longoria, emitió la recomendación número 4/2009, en abril de 2009, a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), al DIF-DF y a la Sedeso-DF, en la que demandó a esas dependencias reconocer que por sus omisiones fueron violados los derechos humanos de los niños de ese lugar.

Luego de una investigación, la CDHDF detectó que en las mencionadas dependencias hubo negligencia por “la ausencia o deficiencia de mecanismos de supervisión y seguimiento de la situación y condiciones de los niños y niñas que son integrados a las casas hogar y/o reintegrados a sus núcleos familiares”.

En respuesta a la recomendación, Martí Batres se deslindó aduciendo que sí se realizaron las visitas de supervisión, pero como no le abrieron la puerta el personal del Profais se retiró.

Mayra Martínez, madre de Ilse Michel Curiel Martínez, una de las víctimas que reapareció seis años después, ha solicitado sanciones penales a los funcionarios de la Sedesol que entregaron recursos a Casitas del Sur “pues su total impunidad muestra la complicidad de las autoridades con los traficantes de menores.

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