Ante el proceso electoral, el gobierno de la Ciudad de México reiteró a los servidores públicos a acatar las disposiciones y prohibiciones emitidos por la Contraloría General el 30 de mayo de 2016, en el que se ordena a dependencias, delegaciones, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública, para que a partir de las 21:00 horas del 3 de junio y hasta las 07:00 horas del 6 de junio, todo vehículo oficial deberá quedar resguardado en los inmuebles o estacionamientos del ente público.
Todas las áreas deberán entregar el inventario total de vehículos oficiales que contenga datos como: marca, color, placa, en su caso número oficial y la ubicación en la que la Contraloría General pueda ejercer sus facultades de revisión y verificación durante la inspección que se implementará a partir de hoy.
En lo que respecta a los equipos de comunicaciones como teléfonos y equipos de radio comunicación, también serán puestos a resguardo de las respectivas áreas administrativas y se usará el mismo criterio de supervisión, con la finalidad de que las Contralorías Internas puedan constatar el inventario total y evitar el mal uso de estos.
Asimismo, se instruyó a todo el personal de los entes Públicos, cumplir las obligaciones y prohibiciones respecto del uso de los recursos humanos, materiales y financieros públicos; la difusión o promoción, incluyendo redes sociales, de acciones de gobierno, personas, candidatos o partidos políticos; así como con el otorgamiento de subsidios y beneficios de tipo material y económico señalados en los programas sociales con cargo al Presupuesto de la CDMX que establece dicha circular.
A partir de las 21:00 horas de este viernes, la Contraloría General, conforme a sus atribuciones implementará la revisión y vigilancia de forma aleatoria, a las diferentes áreas de la Administración Pública capitalina, con la finalidad de verificar el estricto cumplimiento de las disposiciones.
En caso de omitir las disposiciones contenidas en dicha circular, el órgano de control procederá a iniciar los procedimientos administrativos correspondientes en contra de aquellos Servidores Públicos que infrinjan sin perjuicio de la posible configuración de delitos electorales o de otro carácter, dándose las vistas correspondientes a las autoridades competentes.