Nacional

Una tercera parte de mexicanos acepta o legitima la tortura: CEAV

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas detalló que algunos factores atribuidos a la persistencia de la tortura fueron la corrupción, las malas prácticas y la falta de capacitación de las autoridades. 
Susana Guzmán
17 marzo 2016 20:0 Última actualización 17 marzo 2016 22:51
detenido tortura policía (Cuartoscuro)

Uno de los factores que permite la persistencia de la tortura es la falta de capacitación de las autoridades. (Archivo/Cuartoscuro)

CIUDAD DE MÉXICO.- Alrededor de una tercera parte de los mexicanos acepta o legitima la utilización de la tortura como práctica pese a identificar su nivel de gravedad y métodos para ciertos supuestos como proteger a la población de un riesgo inminente o ante determinados delitos graves (violación, secuestro, extorsión, robo, traición a la patria y fraude, principalmente), así como su aplicación a personas que cometan tales ilícitos, o bien, que participen del narcotráfico.

También la reconocen y aceptan como un instrumento eficaz de sometimiento y castigo para la consecución de ciertos fines o para la obtención de la verdad en una declaración.

De acuerdo con datos contenidos en el Diagnóstico Nacional de la Percepción de la Población sobre la Práctica de la Tortura, apoyados con encuestas realizadas por Amnistía Internacional, la UNAM y el Inegi, existe también una tercera parte de mexicanos que teme ser sujeto de tortura.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a través de su Comité de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CTTCID), a cargo de la especialista Verónica Cervera Torres y coordinado por la comisionada Susana Thalía Pedroza de la Llave, dio a conocer algunos de los datos que contiene el diagnóstico.

Resaltaron que algunos factores atribuidos a la persistencia de la tortura fueron la corrupción, las malas prácticas y la falta de capacitación de las autoridades, así como la impunidad y la dificultad para acreditar los hechos de tortura.

Al diagnóstico se suma, como un factor de permanencia, el elemento cultural, debido a que una parte importante de la población justifica su práctica bajo determinados supuestos.

La CEAV destacó que aunque se señalan como principales torturadores a policías, agentes del Ministerio Público y miembros de las Fuerzas Armadas, quienes son servidoras y servidores públicos que procuran a la población y resultan, algunas y algunos, ser transgresores de derechos humanos al utilizar la tortura, ésta “bajo ninguna circunstancia tiene cabida, aun bajo supuestos de suspensión o restricción de derechos contemplados en nuestro orden constitucional, de tal forma que no puede invocarse la 'facultad de torturar' bajo ningún argumento”.

Señaló que el diagnóstico constituye un esfuerzo en la lucha contra la práctica de la tortura y apuntó que si logramos avanzar en que la sociedad sea consciente, sensible y solidaria ante el hecho de que todas las personas, por el hecho de serlo, tienen derechos humanos y que nadie debe o merece sufrir tortura, “sin duda daremos un paso importante en la consolidación de un Estado constitucional de derecho, una cultura de derechos humanos y la erradicación de esta práctica, ya que ante el conocimiento de cualquier caso no buscaremos una justificación o una explicación de tal hecho, sino la exigencia de justicia para las personas víctimas y el castigo a las y los responsables”.

La CEAV concluyó que “todas y todos debemos indignarnos ante todos los casos de esta práctica, sin importar la situación jurídica de la persona o el delito que se le impute, ya que dicha circunstancia no anula su dignidad como persona ni suprime sus derechos humanos”.

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