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Tras 21 años, gobierno acepta ejecutar a 3 indígenas chiapanecos

Tras 21 años de que militares privaran de la vida a tres indígenas chiapanecos, el gobierno federal aceptó su responsabilidad y pidió disculpas a los deudos.
Ángeles Mariscal/ Corresponsal
10 noviembre 2015 21:5 Última actualización 10 noviembre 2015 21:6
 [Estudiosos del fenómeno opinan que ya se agotó el modelo de organización del EZLN. / Cuartoscuro] 

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SAN CRSITÓBAL DE LAS CASAS.- El Estado mexicano reconoció su responsabilidad 21 años después de la ejecución de tres indígenas chiapanecos, después de una recomendación efectuada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al gobierno federal.

El 7 de enero de 1994, personal castrense irrumpió violentamente en la comunidad indígena de Morelia, municipio de Altamirano.

Los uniformados entraron a las viviendas y sacaron a los hombres del poblado, a quienes reunieron en una cancha. Luego de someterlos y golpearlos, un capitán del Ejército sacó una lista y leyó los nombres de Severiano y Hermelindo Santiz Gómez y Sebastián Santiz López.

Los militares los separaron del grupo y los llevaron a la sacristía de la iglesia, donde fueron torturados y posteriormente subidos a un vehículo militar. Cuatro días después, el 11 de febrero de 1994, los cuerpos de los tres indígenas fueron encontrados en el camino que une Altamirano con el ejido Morelia.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas inició la averiguación previa número AL/014/994. Varios años después de mantenerla archivada, esta dependencia declinó el caso a la Procuraduría de Justicia Militar, quien también archivó el caso.

Ante la omisión, organizaciones no gubernamentales llevaron el caso ante la CIDH, quien en el informe 48/97 dijo que existen evidencias de que los tres indígenas fueron ejecutados sumariamente.

El organismo internacional pidió que el Estado mexicano investigue los hechos y someta a un procedimiento judicial a los militares responsables. También pidió una indemnización adecuada a los familiares de los fallecidos y establecer los mecanismos para que no vuelvan a cometerse acciones semejantes.

Tres años después, en 1998, luego de una investigación, el organismo humanitario dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), determinó que existían suficientes elementos de prueba para considerar que la ejecución se dio cuando los tres indígenas tzeltales estaban en manos del Ejército mexicano, quien realizaba acciones contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

LA COMUNIDAD LOS RECUERDA

Fue hasta este martes que el Estado mexicano cumplimentó la recomendación de la CIDH. En una ceremonia que se llevó a cabo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrían a nombre del gobierno federal, pidió una disculpa pública a los deudos, particularmente a Patrona López Sántiz, Paulina Domínguez Gómez y Carmen López Sántiz, las viudas de los indígenas.

En la ceremonia, Petrona López Sántiz, de 80 años de edad y viuda de Sebastián Sántiz, dijo: “ese es el dolor (por el asesinato) es lo más profundo que siento, la rabia y la impotencia que tengo. No entiendo por qué el personal del Ejército como que no son hijos de Dios, son unos diablos por la forma en que actuaron”.

Ante representantes de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno del estado, Campa Cifrián dijo que se indemnizará a los sobrevivientes y se colocará una placa en memoria de los tres fallecidos, en el ejido Morelia, su comunidad de origen.

Por su parte, el representante de los familiares, Miguel Ángel de los Santos Cruz, lamentó que en la ceremonia de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública a los deudos, no asistieran representantes del Ejército mexicano.
Dijo que aún se debe llevar a juicio y castigar a los militares que perpetraron los hechos.

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