CIUDAD DE MÉXICO. Integrantes de la familia Hughes Alcocer, implicados en el millonarios fraude en perjuicio del erario de Guerrero durante la administración de Ángel Heladio Aguirre Rivero, promovieron una serie de amparos en contra de su captura.
Uno de los que promovieron amparo es Víctor Ignacio Hughes Alcocer, ex Secretario de Finanzas del gobierno de Aguirre, y señalado como el principal enlace para cometer el fraude, hasta ahora cuantificado en 287 millones de pesos.
Otros que tramitaron amparos son Henry Paul Hughes Alcocer, hermano de Víctor Ignacio, así como los hijos de éstos Henry Paul Hughes Bueno y Paulo Ignacio, Alejandro Carlos, Mauricio Francisco, Jorge Eduardo Hughes Acosta.
Todos se tramitaron el pasado miércoles ante los Juez Primero y Sexto de Distrito en Materia de Amparo y como parte del procedimiento de la Ley de Amparo fueron aceptados a trámite en espera de que sean ratificados.
La PGR acusa a dichas personas, así como a Carlos Mateo Aguirre Rivero, hermano del gobernador con licencia de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, de ser parte de una red que entre 2012 y 2014 desvío de 287 millones 012 mil 594 pesos del erario de esa entidad.
Las operaciones ilícitas se realizaron durante toda la administración de Ángel Aguirre, pese a lo cual no existe aún imputación en contra mandatario con licencia, advirtió Jesús Murillo Karam, titular de la PGR.
Carlos Mateo fue detenido junto con Luis Ángel Aguirre Pérez, también familiar del gobernador con licencia; así como los hermanos Pablo Ignacio, Mauricio Francisco, Alejandro Carlos y Jorge Eduardo, todos de apellidos Hughes Acosta.
En una acción posterior fue detenido Víctor Ignacio Hughes Alcocer, ex secretario de Finanzas del Gobierno de Guerrero en la administración de Ángel Aguirre, junto con Henry Paul Hughes Alcocer y Víctor Felipe Hughes Acosta.
Aunque la investigación de la PGR ha detectado un desvío de 287 millones de pesos, a través de las empresas con razón social "Constructora Travesa SA de CV", "Comercializadora 2003 SA de CV" y "Comercializadora Topacio SA de CV", aún se fiscalizan al menos 800 millones más.
Dichos recursos se ejercieron en obras públicos licitadas por entidades como la Comisión Federal de Electricidad, Banobras, Tesorería de la Federación, Comisión Estatal del Agua, Consejo Estatal de Seguridad Pública y la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria de Guerrero.