CIUDAD DE MÉXICO.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó parcialmente la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre los informes de gastos de campaña de los candidatos a la gubernatura de Coahuila.
Estableció que el Consejo General debe concretar en un plazo de 10 días la revisión de los gastos de campaña del priista Miguel Riquelme y, por otra parte, también ordenó que se pronuncie respecto a temas pendientes en la fiscalización de los gastos del panista Guillermo Anaya.
La Sala Superior resolvió los recursos presentados por los partidos Acción Nacional, Primero Coahuila y Unidad Democratica de Coahuila, en los que reclamaron irregularidades en la resolución del Consejo General relacionados con la coalición priista Por un Coahuila Seguro y la panista Alianza Ciudadana por Coahuila.
Por unanimidad, los magistrados aprobaron el proyecto de resolución que presentó el magistrado Reyes Rodríguez, en el que se descartaron por infundados e inoperantes los agravios señalados en contra de la coalición priista.
Se precisó que algunos de los reclamos, como las inserciones en periódicos, fueron resueltos en la queja 141, que el INE votó el lunes 31 y que los partidos pueden impugnar, por lo que la Sala Superior todavía no se pronunció al respecto.
Puntualizó que otros temas que reclamó el PAN, como los gastos no reportados por el tema de Facebook, son cosa juzgada por el TEPJF, mientras que determinó que el INE debe concretar con los pendientes de la fiscalización del informe de Riquelme vinculadas específicamente con el uso de una camioneta durante su campaña.
"Se establece un plazo máximo al Consejo General del INE para resolver este procedimiento en 10 días naturales como término, con la finalidad de que se concluyan en esa sede administrativa los asuntos pendientes de resolución relacionados con la campaña a gobernador en el estado de Coahuila", indicó Rodríguez.
En lo que se refiere a los agravios relacionados con la Alianza Ciudadana por Coahuila, la Sala Superior señaló que no tiene la razón en la mayoría de sus reclamos, pues están fundadas las determinaciones y multas del INE.
Sin embargo, ordenó al Consejo General que se pronuncie respecto a lo que la alianza panista argumenta que fueron gastos relacionados con reclasificaciones, remanentes y duplicidades, para otorgar certeza al dictamen y la resolución sobre el ejercicio de ingreso y gasto de Anaya.
El magistrado Reyes Rodríguez señaló que el INE debe precisar sus criterios en ese sentido para sentar el precedente con miras a los comicios de 2018, de modo que se garantice la transparencia, legalidad, certeza y rendición de cuentas en los próximos comicios.
"Este criterio busca sentar un precedente para que los sujetos obligados en cuanto al debido registro de las operaciones se haga en tiempo real, un tema que será muy relevante para el cumplimiento de las obligaciones en materia de fiscalización en los procesos electorales federal y locales 2017-2018, que sabemos que por la cantidad de cargos que se someterán al escrutinio público, hay una fuerte carga en materia de revisión y fiscalización", subrayó.