Nacional

TEPJF determina que candidato del PRI a alcaldía de Mérida no lo será de partidos nuevos

La impugnación promovida por el PAN fue aprobada por la Sala Regional del organismo con lo que Nerio Torres Arcila no podrá ser candidato común con los partidos Humanista y Encuentro Social, pues al ser de reciente creación deben presentar sus candidatos.
Yoisi Moguel/Corresponsal
24 abril 2015 11:12 Última actualización 24 abril 2015 11:26
Nerio Torres Arcila

El candidato del PRI a la presidencia municipal de Mérida también contenderá por el PVEM y Nueva Aliaza, señaló la Sala Regional del TEPJF. (Archivo)

MÉRIDA. El Partido Revolucionario Institucional en Mérida recibió un revés, pues la Sala Regional del Tribunal Electoral de la Federación falló a favor de la impugnación que promovió Acción Nacional sobre la candidatura común de Nerio Torres Arcila como abanderado del PRI, Partido Humanista y Encuentro Social.

Así, la Sala Regional con sede en Xalapa, se pronunció a favor del recurso impuesto por el PAN, al considerar, entre otras deficiencias, que el PRI competía de una manera inequitativa en este proceso electoral.

Además, los magistrados argumentaron dicha resolución basados en que la Ley Electoral federal estipula que los partidos de reciente formación no pueden competir en alianza en su primera elección, con lo cual se sabría la preferencia ante la ciudadanía, y con ello garantizar su permanencia o su pérdida del registro.

De esta manera, los nuevos partidos, Humanista y Encuentro Social se quedaron, a mitad de la campaña, sin candidatos en Mérida, ya que el PRI había compartido con esos dos institutos políticos a sus abanderados para la alcaldía y diputaciones de este municipio.

Ahora el abanderado del PRI, Nerio Torres Arcila sólo es candidato común con Nueva Alianza y el Verde Ecologista.

Este nuevo fallo representa un segundo golpe fuerte del PAN al PRI en la campaña, ya que días atrás el mismo tribunal se pronunció a favor de Acción Nacional dando validez al exhorto emitido por el IEPAC relativo a la repartición de programas sociales por parte del gobierno del Estado.

Argumentó que dichos programas continuaban operando por lo que ordenó a la autoridad electoral local respetar dicho acuerdo y que los gobiernos estatal y municipales suspendieran cualquier tipo de entrega de apoyo en eventos públicos.

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