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Subsidio a gasolina, política regresiva: Centro Mario Molina

Explica el Centro Mario Molina que se necesita eliminar los subsidios y transformarlos en apoyos que incentiven la eficiencia y favorezcan directamente a la población que más lo necesita, contribuirá a generar múltiples beneficios, reducir la contaminación.
Mariana León 
09 enero 2017 23:6 Última actualización 10 enero 2017 5:0
Protesta contra el gasolinazo.

Protesta contra el gasolinazo.

CIUDAD DE MÉXICO.- Los subsidios a los combustibles fósiles representan políticas “regresivas” y dañinas al medio ambiente, que sólo benefician a la población con mayores ingresos, advirtió el Centro Mario Molina.

De acuerdo con un estudio sobre Eficiencia Energética en México, en el país, este tipo de apoyos representan 10 veces más que el gasto en programas sociales.

El documento señala que la eliminación “podría aumentar la producción, destinando recursos a usos más eficientes, incentivar la inversión en eficiencia energética, aumentar la disponibilidad de recursos públicos, y mejorar el bienestar de la mayor parte de la población, en especial de los más pobres”.

Advierte que quitar este este apoyo gubernamental podría reducir hasta en 42 millones de toneladas anuales las emisiones de dióxido de carbono (CO2) que se consideran dañinas para la atmósfera y son causantes de enfermedades relacionadas con problemas respiratorios.

También disminuirían los contaminantes locales y se evitarían 7.6 mil muertes prematuras al año debido a la mala calidad del aire.

Explica el Centro Mario Molina que se necesitan “eliminar los subsidios y transformarlos en apoyos que incentiven la eficiencia y favorezcan directamente a la población que más lo necesita, contribuirá a generar múltiples beneficios, tales como liberar recursos para la inversión social, reducir la contaminación, y promover oportunidades económicas alrededor de una industria de la eficiencia”.

Se detalla en el documento del Centro, que estos pueden ser reconvertidos en subsidios neutrales o tecnológicamente positivos –como economía verde–, en inversión en salud, en disminución de otros impuestos.

Añade que, para mejorar las políticas de transporte, se tienen que “diseñar e implementar políticas para restringir el uso de transporte privado, eliminando el subsidio implícito con el que es favorecido, estableciendo un impuesto o tenencia asociados al valor del vehículo y a sus emisiones; un precio a los combustibles que refleje los impactos ambientales y en salud; tarifas y límites de espacios para estacionamientos, y cargos por congestión”.

También pide “expandir considerablemente y mejorar la calidad, seguridad y confiabilidad del transporte público, asegurando su acceso a los segmentos económicos más desprotegidos de la población”.

Además propone regular el transporte de carga en lo que respecta a pesos y dimensiones permitidas, rutas y horarios de acceso y circulación, además de procesos de inspección físico mecánica y de verificación de emisiones.

El estudio señala que se debe incentivar la penetración de tecnologías vehiculares limpias y más eficientes, “por ejemplo autos, autobuses y camiones eléctricos e híbridos.

Aunque estas medidas pueden requerir de una inversión cuantiosa, “el beneficio para la sociedad, con mucho, supera su costo”, indica.

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