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Ley de Transparencia, aprobada en el Senado; ahora va a San Lázaro

Con 110 votos a favor de PRI, PAN, PRD, Verde y PT, los senadores aprobaron en los general y en lo particular la ley de transparencia; ahora pasa a la Cámara de Diputados.
Rivelino Rueda
18 marzo 2015 22:21 Última actualización 18 marzo 2015 22:26
El Senado aprobó la reforma política del DF. (Cuartoscuro)

El Senado aprobó la ley de transparencia. (Cuartoscuro)

CIUDAD DE MÉXICO.- Considerada por los propios legisladores como “un parteaguas para terminar con la opacidad en el sistema político”, el pleno del Senado de la República aprobó por amplia mayoría la Ley Generales de Transparencia y Acceso a la Información.

Luego de dos años y medio de intensas negociaciones y de unas 300 horas de trabajo legislativo, los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD, PVEM y PT respaldaron con 110 votos a favor el dictamen de las comisiones unidas de Gobernación; de Anticorrupción; y de Estudios Legislativos Segunda.

Con ello, el ordenamiento que fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación, establece los principios, las bases y los procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información de cualquier autoridad, entidad de los Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), órganos autónomos, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos.

De última hora, los presidentes de las comisiones dictaminadoras, Cristina Díaz, del PRI; Pablo Escudero, del PVEM, y Alejandro Encinas, del PRD, así como los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD, Emilio gamboa, Fernando Herrera y Miguel Barbosa, respectivamente, metieron al dictamen final 13 modificaciones, además de cuatro cambios a los artículos transitorios.

Entre las modificaciones más significativas está la del artículo tercero transitorio, que establece que a más tardar el 30 de agosto de este año, tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República, tendrán la obligación de avalar un programa de reorganización administrativa, que deberá comprender, al menos, las normas y criterios para la homologación programática, presupuestal, contable y organizacional de los grupos parlamentarios.

Además, el Poder Legislativo tendrá que establecer las bases para las obligaciones de las cámaras y de las fracciones parlamentarias en cuanto a sujetos obligados respecto a los recursos que, a través de éstos, se asignan a los legisladores, así como el tratamiento fiscal y presupuestal de los ingresos, prestaciones, apoyos y recursos (en dinero o en especie) que reciban los legisladores para realizar su función legislativa y de gestión.

Para fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz, afirmó que con esta ley “los mexicanos podrán interiorizarse en la vida de los sindicatos, porque reciben dinero público; de los partidos políticos; del Senado; de la Cámara de Diputados; de todos los organismos autónomos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Banco de México (Banxico) y el Instituto Nacional Electoral (INE).

En ese sentido, la senadora del PRI, Lidia Merodio Reza, celebró que esta reforma incorpore figuras novedosas, como la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual “será el acceso directo que tendremos los ciudadanos para ingresar a la información que los sujetos obligados pondrán a disposición del público”.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Estudios legislativos Segunda, Alejandro Encinas, apuntó que uno de los puntos clave de la legislación es el fortalecimiento de los órganos garantes, tanto el federal como los 31 institutos estatales y el del Distrito Federal, así como la armonización de las leyes federal y locales, a fin de “evitar la discrecionalidad de los gobiernos o congresos”.

En su oportunidad, la senadora del PAN, Laura Rojas, destacó que la creación del Sistema Nacional de Transparencia permitirá que los principios contenidos en la Ley General se conviertan en política pública de todos los actores involucrados, con lo cual “se reducirán las asimetrías de información disponible que actualmente impiden cerrar el ciclo de rendición de cuentas entre la Federación, los estados y los municipios”.

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