Nacional

Senado aprueba Ley de Ejecución Penal

Con 155 votos a favor el ordenamiento establece que todas las personas podrán acceder, de manera inmediata, al beneficio de libertad anticipada, las cuales hayan sido sentenciadas con penas privativas de la libertad por la “posesión, sin fines de comercio o suministro, de mariguana. 
Rivelino Rueda
27 abril 2016 19:24 Última actualización 27 abril 2016 19:24
Senado discutirá leyes contra desaparición y tortura en 2016

A pesar de la insistencia por parte de las organizaciones de derechos humanos sobre la ley general de desaparición forzada y las normativas que envió el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso en contra de este delito, tendrán que esperar hasta febrero del 2016.

CIUDAD DE MÉXICO.- El pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad el decreto que expide la Ley de Ejecución Penal, la cual tiene como premisa reestructurar del sistema penitenciario con base en la reinserción social, el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte.

Con 155 votos a favor y luego de casi cuatro horas de discusión, el ordenamiento establece que todas las personas podrán acceder, de manera inmediata, al beneficio de libertad anticipada, las cuales hayan sido sentenciadas con penas privativas de la libertad por la “posesión, sin fines de comercio o suministro, de mariguana, o cuando en la comisión del delito no haya mediado ningún tipo de violencia, ni la concurrencia de más delitos.

La nueva Ley Nacional de Ejecución Penal también establece que puedan acceder al beneficio de libertad anticipada todas las personas que hayan sido sentenciadas con penas privativas de la libertad por la comisión del delito de robo, cuyo valor de lo robado no exceda de 80 salarios mínimos y cuando no haya mediado ningún tipo de violencia.

El nuevo ordenamiento establece las normas que habrán de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; así como los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal; y la regulación de los medios para lograr la reinserción social.

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