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Seguridad pública debe estar en manos de civiles y no de fuerzas armadas: ONU

El relator especial Christof Heyns afirmó que las medidas tomadas por el gobierno de México para proteger a la población y respetar el derecho a la vida siguen siendo insuficientes desde su visita al país en 2013
Susana Guzmán
20 junio 2016 11:23 Última actualización 20 junio 2016 11:23
Policía Federal Oaxaca

(Quadratín)

CIUDAD DE MÉXICO.- El relator especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, recomendó al gobierno mexicano que “adopten de manera inmediata todas las medidas necesarias para garantizar que la seguridad pública esté a cargo de civiles y no de las fuerzas armadas”.

En su informe de seguimiento al Consejo de Derechos humanos de la ONU sobre las medidas adoptadas por el gobierno de México para proteger el derecho a la vida, Heyns señaló que respecto a las actividades policiales, es necesario que se adopten plenamente sus recomendaciones.

Sobre este aspecto, "lamentó la ausencia de avances en la implementación de su recomendación e hizo alusión a una serie de acontecimientos trágicos que han hecho de las fuerzas armadas blanco de acusaciones de ejecuciones extrajudiciales", señala un comunicado emitido por el alto comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en México.

E incluso, dice el comunicado, Heyns había exhortado al gobierno de México a adoptar plenamente sus recomendaciones y ofreció su asistencia y cooperación técnicas.

En su informe, Heyns señaló que “las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza por los agentes de seguridad persisten y el progreso ha sido insuficiente en la protección del derecho a la vida en México desde su misión al país en 2013”.

“Las medidas de protección siguen siendo insuficientes e ineficaces; la impunidad y la falta de rendición de cuentas en relación a violaciones al derecho a la vida se mantienen como serios desafíos, al igual que la ausencia de reparación para las víctimas”, dijo

El relator especial saludó las medidas tomadas por el gobierno mexicano para tratar de disminuir los homicidios y hacer frente a la impunidad, reducir la militarización de la seguridad pública, mejorar la coordinación institucional y la recopilación de información en las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos y ofrecer protección jurídica a los grupos vulnerables”.

Sin embargo, señaló que “medidas adicionales siguen siendo necesarias y deben aplicarse en la realidad a efecto de implementar plenamente mis recomendaciones y garantizar de mejor forma el derecho a la vida”.

El experto urgió en particular a las autoridades mexicanas a aprobar una ley general sobre el uso de la fuerza y a crear una institución nacional autónoma de servicios forenses.