Nacional

Seduvi usurpó facultades de la ALDF en el CCC:
diputada PAN

Margarita Martínez Fisher señaló que la gravedad del asunto implica no sólo consultar un procedimiento administrativo ya consumado, sino la concesión ya que puede ser un acto ilegal que usurpa facultades de la ALDF en temas de uso de suelo.
Felipe Rodea
19 noviembre 2015 15:53 Última actualización 19 noviembre 2015 15:58
Corredor Chapultepec

(Cortesía ProCDMX)

CIUDAD DE MÉXICO. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) solicitó al Gobierno del Distrito Federal (GDF) información sobre el Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa, pues en la concesión la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) se pudo haber arrogado facultades de uso de suelo que le competen a este órgano legislativo.

El punto de acuerdo presentado por la diputada local del PAN, Margarita Martínez Fisher, expone que “la gravedad del asunto implica no solo consultar un procedimiento administrativo ya consumado, es la concesión lo que nos preocupa y el origen de la misma, ya que puede ser un acto ilegal que usurpa facultades de esta Asamblea Legislativa en temas de uso de suelo”.

Por ello demandó que sean entregados a la ALDF “los Certificados Únicos de Zonificación de Uso de Suelo expedidos entre el 24 de octubre del 2013 y 19 noviembre de 2015, en los cuales se haya hecho constar el derecho o facultad para usar, aprovechar o explotar esta zona donde se pretende ejecutar las obras”.

La presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana insistió en el punto de acuerdo, -aprobado por unanimidad-, que su partido quiere que los datos para esta consulta sean del conocimiento público, por lo que solicitó a la Seduvi, un informe sobre la participación jurídica y administrativa sobre el proyecto Corredor Chapultepec.

Ello, explicó, porque las prácticas administrativas como las del proyecto transgreden las disposiciones vigentes en materia de desarrollo urbano y ponen en entredicho el carácter de uso común de las vías públicas.

La legisladora expuso que más allá de una consulta ciudadana para conocer la opinión vecinal sobre esta nueva obra comercial, se trata de conocer opciones de viabilidad ante lo que calificó, “un procedimiento ya consumado”.

De manera similar, consideró, la omisión o suministro selectivo de la información oportuna y completa sobre los proyectos señalados, así como la inducción a los vecinos para que participen en consultas ciudadanas que, por disposición del mismo artículo 50 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal que las prevé, “no tienen valor vinculante para la autoridad; son factores que no pueden sino traducirse en un avasallamiento de la autoridad administrativa sobre los ciudadanos, y particularmente sobre los vecinos que consideran amenazados sus respectivos derechos”.

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