Secretarios de Jalisco renuncian para buscar pensión
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Secretarios de Jalisco renuncian para buscar pensión

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Secretarios de Jalisco renuncian para buscar pensión

Los titulares de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social y de Planeación Administrativa y Finanzas presentaron su renuncia, efectiva desde el primero de diciembre.

Juan Carlos Huerta
03/12/2018
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GUADALAJARA.- Secretarios de diversas dependencias de Jalisco renunciaron a seis días de concluir la administración de Aristóteles Sandoval.

Se trata de Daviel Trujillo Cuevas, quien fungía como secretario de Desarrollo e Integración Social (Sedis) y el titular de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas (Sepaf), Héctor Pérez Partida; en la carta de renuncia se asienta que no existe hay adeudo del gobierno estatal, respecto a salarios, primas especiales, sobresueldos y prestaciones.

En los documentos, en poder de El Financiero, los exfuncionarios dijeron que no fueron coaccionados para presentar las dimisiones, mismas que surtieron de efecto a partir del 1 de diciembre pasado.

Su intención es solicitar se les pensione con sus salarios actuales, es el caso de 124 mil 964 pesos mensuales para el extitular de Sedis, y 129 mil 788 pesos para el de Sepaf.

Asimismo, de acuerdo al Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal), el secretario General de Gobierno, Roberto López Lara, solicitó su pensión por años de servicio, también con fecha del 1 de diciembre .

Incluso, López Lara hace seis meses concursó para obtener una licencia para una notaría, pero no se le entregó por conflicto de interés.

Al momento no se ha emitido una postura de parte de la administración estatal, ni de los funcionarios señalados.

No es la primera vez…

En junio de 2016 se dio a conocer que al menos 20 exservidores públicos tienen pensiones que oscilan entre los 100 mil y 200 mil pesos mensuales, mientras que una gran parte de los pensionados al servicio del Estado recibe entre cinco mil y 12 mil pesos mensuales.

Cabe señalar que el Ipejal enfrenta problemas económicos por detrimentos superiores a los 35 mil millones de pesos, que se destinaron a inversiones riesgosas.