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Se niegan 6 de PGJDF a declarar por filtraciones

De los seis agentes que deben declarar por la filtración de información del multihomicidio de la colonia Narvarte se encuentran tres agentes del MP y tres oficiales de la Fiscalía de Homicidios. 
23 agosto 2015 23:52 Última actualización 24 agosto 2015 5:0
Peritajes de la fachada en donde se cometió el crímen. (Cuartoscuro)

Peritajes de la fachada en donde se cometió el crímen. (Archivo/Cuartoscuro)

CIUDAD DE MÉXICO.- Seis empleados de la Procuraduría capitalina se han negado, hasta hora, a comparecer como parte de la averiguación previa iniciada en la Fiscalía de Servidores Públicos para dar con los responsables de la filtración de información relacionada con el multihomicidio de la colonia Narvarte.

Se trata de tres agentes del Ministerio Público y tres Oficiales Secretarios de la Fiscalía de Homicidios que tuvieron intervención en la integración del expediente por el homicidio de cinco personas, el 31 de julio pasado, en el departamento 401 del edificio 1909 de la calle Luz Saviñón, colonia Narvarte, delegación Benito Juárez.

Los funcionarios que no han comparecido, cuyo nombre se reserva por cuestiones de legalidad, ya recibieron al menos dos citatorios que no han atendido, por lo que de mantener su negativa a declarar se podría solicitar la intervención de la fuerza pública para su traslado ante la Fiscalía de Servidores Públicos.

Autoridades de la PGJDF explicaron que dentro del expediente FSP/B/T2/2258/15-08, hasta el momento se han girado 14 citatorios contra autoridades capitalinas, pero a la fecha sólo han comparecido ocho personas, entre ellas 3 elementos de la SSP-DF, dos agentes del Ministerio Público y tres Oficiales Secretarios de la Fiscalía de Benito Juárez.

Explicaron que la “filtración” de información reservada está prohibida y es sancionada por diversas leyes, tanto administrativas como penales vigentes para el Distrito Federal, entre ellas el Código Penal del Distrito Federal, que en su artículo 259 prevé una pena de dos a siete años de prisión y de 25 a 250 días multa, a quien sustraiga ilegalmente información o documentos auténticos bajo su resguardo. Además las sanciones administrativas prevén destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Desde el homicidio, familiares de las víctimas, organismos de derechos humanos, así como defensores de los derechos de los periodistas, se quejaron de filtración de información sensible del caso, entre ellos nombres de las víctimas, fotografías y parte del expediente que incluía la declaración de testigos y del único detenido, Daniel Pacheco Gutiérrez.

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