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Se consolida la Reforma Política del DF al aprobarse en 17 estados

Con consolidación de la Reforma Política, el Distrito Federal cambiará su nombre a Ciudad de México, convirtiéndose en la entidad federal número 32 y se mantendrá como la capital del país.

CIUDAD DE MÉXICO.- Este miércoles, comenzó la consolidación de la Reforma Política del Distrito Federal, al ser aprobada por 17 congresos locales, por lo que se espera que en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, del miércoles de la semana entrante diputados federales y senadores hagan la declaratoria correspondiente y así desaparezca el status de Distrito Federal y la capital pase a ser Ciudad de México.

Los estados que hasta ahora han aprobado la Reforma política fueron México, Coahuila, Michoacán, Tabasco, Zacatecas, Chiapas, Nayarit, Durango, Hidalgo, Veracruz, Aguascalientes, Jalisco, Puebla, Chihuahua, Quintana Roo, Tlaxcala y Guerrero.

Con consolidación de la Reforma Política, el Distrito Federal cambiará su nombre a Ciudad de México, convirtiéndose en la entidad federal número 32 y se mantendrá como la capital del país. Deberá tener su primera Constitución Política a más tardar el 31 de enero de 2017, por lo que será necesaria una Asamblea Constituyente que será elegida mediante el voto el primer domingo de junio de 2016 y se instalará el 15 de septiembre del mismo año.

La reforma constitucional elimina la figura jurídica de las delegaciones políticas y crea las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que serán encabezadas por un alcalde. La actual Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) desaparecerá para convertirse en un Congreso local, por lo que adquirirá la facultad para aprobar o rechazar reformas constitucionales, como el resto de los congresos estatales.

Aunque alcanzará una mayor autonomía el Gobierno Federal mantendrá la responsabilidad del financiamiento a la educación y a los servicios de salud. El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público y autónomo; los nombramientos del Procurador de Justicia y jefe de Policía serán hechos por el jefe de Gobierno y ya no por el presidente de la República.

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