Nacional

SCJN se pronuncia por garantizar la seguridad jurídica en comicios

La seguridad jurídica genera certeza en todos, permite la convivencia y, mejor aún, permite la paz, dijo el presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, al rendir su tercer informe de labores.
Magali Juárez
15 diciembre 2017 15:46 Última actualización 15 diciembre 2017 15:49
SCJN

Este año se ordenó la realización de 190 procedimientos de investigación debido a quejas y denuncias que acumuladas a las 94 que ya se habían iniciado sumaron 284.(Archivo/Cuartoscuro)

De cara al complicado proceso electoral de 2018, el presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, advirtió que una de las misiones más delicadas del Estado mexicano será garantizar la seguridad jurídica.

Al rendir su tercer informe de labores, puntualizó que tanto a las autoridades como a los ciudadanos les corresponde colaborar en torno a la seguridad jurídica, la cual no sólo generará certeza, sino asegurará la paz en el país.

“En los albores del seguramente complicado proceso electoral del año próximo, debe reafirmarse que una de las misiones más delicadas que tiene el Estado es garantizar la seguridad jurídica, si así lo hacemos autoridades y ciudadanos, la cosecha de esa labor será invaluable y lo será porque la seguridad jurídica genera certeza en todos, permite la convivencia y mejor aún, permite la paz”, manifestó.


Ante el presidente Enrique Peña Nieto, así como secretarios de Estado, líderes del Congreso, ministros, magistrados y diversos invitados especiales, el también titular del Consejo de la Judicatura Federal puntualizó que no sólo la autoridades deben cumplir con la Constitución, sino que también los ciudadanos deben apegarse a la ley para favorecer la paz social.

“Exijamos sí, a la autoridad, el cumplimiento de la ley, pero también seamos nosotros como ciudadanos conscientes de cumplir con nuestras obligaciones. Sin seguridad jurídica, sin la actuación de todos dentro del marco de la ley no puede haber valores básicos que respetar, no sería posible que la justicia exista si no hay seguridad jurídica que la proteja”, enfatizó.

En su discurso, Aguilar Morales también expresó su condena a las filtraciones por parte de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación respecto a alguna investigación interna, práctica que, enfatizó, debe ser desterrada.

“Formulo mi condena más enérgica a aquellos funcionarios o empleados que sin ética alguna, sin respeto a los derechos humanos y con bajeza de humanidad, difunden y propalan determinaciones que son meras suposiciones de responsabilidad que pudieran generar o no un procedimiento de responsabilidad por el que habría de juzgarse a algún servidor público”, aseveró.

Indicó que el Consejo de la Judicatura Federal no tolerará alguna conducta contraria a la ley, por lo que ha tomado las medidas necesarias para combatirlas, de modo que durante este año se ordenó la realización de 190 procedimientos de investigación debido a quejas y denuncias que acumuladas a las 94 que ya se habían iniciado sumaron 284.

El presidente de la SCJN enfatizó que la corrupción es imperdonable en el ámbito de la impartición de la justicia, pues tolerarla es ir en su contra y propiciaría la destrucción del sistema judicial.

Resaltó que magistrados y jueces han cumplido con las tareas que le corresponden en la implementación del Sistema de Justicia Penal, pero insistió que no le corresponde al Poder Judicial mejorar las condiciones de seguridad.

“No es tarea ni responsabilidad del Poder Judicial de la Federación mejorar las condiciones de seguridad del país; nosotros, los juzgadores, cumplimos juzgando frente a la sociedad, conforme a los derechos reconocidos por la Constitución, labor que no vamos ni podemos abandonar por cualquier crítica que se haga, lo único que nos corresponde obedece es la ley”, remarcó.

Aguilar Morales también refirió que ante la emergencia generada por los sismos registrados durante septiembre, los órganos de gobierno de la Corte y del Consejo de la Judicatura hicieron ajustes que permitieron transferir a Hacienda más de dos mil 183 millones de pesos para apoyar a los damnificados.

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