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SCJN revoca sentencia de vinculado al Chapo en intento de soborno 

Según la resolución aprobada por la SCJN, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito deberá dictar una nueva sentencia que podría ser la misma, modificarla o incluso exonerarlo y ordenar la libertad de Jesús Lemus García. 
David Saúl Vela
04 mayo 2016 15:31 Última actualización 04 mayo 2016 15:31
ME. Chapo, sólo una marca del cártel que opera como multinacional.

ME. Chapo, sólo una marca del cártel que opera como multinacional.

CIUDAD DE MÉXICO.- La primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó, por faltas al debido proceso, la sentencia de 10 años de prisión que se impuso a Jesús Lemus García, ligado a un supuesto plan de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, para sobornar con 140 millones de dólares al exsecretario de la Defensa Nación, Guillermo Galván Galván.

La decisión no significaría la libertad inmediata para Lemus García quien, junto con el general del Ejército Mexicano Juan Manuel Barragan Espinosa, está preso por este caso; el mando castrense está en una prisión militar y Lemus García en el penal federal de máxima seguridad El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Y es que una vez que los ministros aprobaron dicho proyecto, por mayoría de tres votos a dos, el expediente se turnará al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito para que dicte una nueva sentencia que podría ser la misma, modificarla o incluso exonerar al detenido y ordenar su libertad.

En su proyecto de sentencia, el ministro Pardo Rebolledo consideró que fue ilegal la detención de Lemus García, el 30 de enero de 2012 cuando llegaba a un restaurante de la colonia Roma, además de que se le violó el derecho a la defensa adecuada.

Explicó que Lemus García fue detenido con base en una orden de localización y presentación, pero fue puesto a disposición de la PGR como "retenido", mientras se resolvía su situación jurídica.

Pardo Rebolledo consideró que la PGR "tergiversó" el sentido de la orden de localización y presentación y dijo que para la aplicación de esta figura jurídica es necesario que los órganos de control sometan la medida a un escrutinio riguroso para evitar que "so pretexto de recabar datos para la investigación" se restrinjan injustificadamente la libertad deambulatoria del gobernado, así sea por un corto lapso.

Recordó que la propia SCJN ha hecho un reconocimiento constitucional y convencional de los derechos fundamentales cuyo fin es crear y mantener las condiciones básicas para asegurar el desarrollo de la vida de las personas en condiciones compatibles con su dignidad.

Apoyado en diversas tesis y jurisprudencias de la propia Suprema Corte, agregó que la libertad personal es uno de esos derechos fundamentales, que si bien no es absoluto, si se deben garantizar.

El ministro destacó que la PGR no cumplió con los requisitos para determinar constitucionalmente valido la privación de la libertad de Lemus García, pues no es suficiente que la autoridad alegue que la restricción de la libertad está previsto legalmente para advertir que no hay violación al derecho humano, sino que es necesario que haya una específica justificación para aplicarla.

"Por tanto esta primera sala estima que se debe revocar la sentencia recurrida a fin de que el Sexto Tribunal Colegiado emita otra en la que determine que la detención del quejoso fue ilegal y por tanto la declare nula, así como ilegales las pruebas que se relaciona de manera inmediata y directa con la misma, para luego resolver lo que a derecho convenga", propuso el ministro.

Pardo estimó también que a Lemus García se le vulneró el derecho fundamental a una defensa adecuada pues los agentes que lo detuvieron aquella tarde de enero le hicieron saber sus derechos, pero en ningún momento le informaron claramente el motivo de la detención.

"La ausencia del cumplimiento de informar a la persona detenida de los motivos de la detención y los derechos que le asisten puede impactar directamente en el proceso. Cuando se esté en dicho supuesto, el operador judicial debe realizar un análisis detallado para determinar si esto tuvo consecuencia en el proceso y si hubo algún evento que vulnere directamente el derecho de defensa del inculpado", aseguró el ministro.

El detenido también alegó la violación a la presunción de inocencia, pero el ministro estimó como "inoperante" este argumento pues dijo que son aspectos que "escapan" a la materia de competencia de la Sala de la Suprema Corte.

Lemus García junto con el general del Ejército Mexicano Juan Manuel Barragan Espinosa sostuvieron en 2010 y 2011 reuniones con emisarios de El Chapo Guzmán quien buscaba un encuentro con el entonces secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván.

El general Barragan Espinosa pidió para el secretario Galván Galván 140 millones de dólares, pero hasta donde se sabe el encuentro nunca se dio. A finales de 2011, tres días después de su retiro de las fuerzas armadas, el general fue detenido y días después ocurrió lo mismo con Lemus García.

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