Nacional

SCJN invalida pena por uso de ponchallantas en Tamaulipas

Por considerar que un artículo del Código Penal de Tamaulipas penaba de 7 a 15 años de prisión a personas que no tenían vínculos con el crimen organizado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo invalidó.
David Saúl Vela
07 julio 2015 18:15 Última actualización 07 julio 2015 18:23
Poncha llantas. (ntrzacatecas.com)

Poncha llantas. (ntrzacatecas.com)

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó un artículo del Código Penal de Tamaulipas que penaba de 7 a 15 años de prisión el uso de “poncha llantas”, penalidad que iba dirigida a integrantes del crimen organizado.

Sin embargo, los ministros advirtieron que el citado artículo tenía una redacción tan imprecisa que caía en lo “irrazonable” y se prestaba para castigar a personas que no tenían ningún vínculo con la delincuencia.

Los “ponchallantas” son artefactos fabricados por integrantes del crimen organizado con clavos, varillas u otro tipo de metal, que sirve para averiar nos neumáticos de vehículos oficiales durante persecuciones para capturarlos.

Desde 2009, a la par del inicio de la Guerra que el entonces presidente Felipe Calderón, el uso de poncha llantas en Tamaulipas se generalizó por criminales que operaban en la región, tanto de los Zetas como del Cártel del Golfo.

La alta incidencia en el uso de estos artefactos orilló a las autoridades a tratar de legislar y penar a los portadores de estos artefactos con prisión de 7 a 15 años y multa de 200 a 400 días de salario vigentes en la entidad.

Se trata del artículo 171, Quáter, fracción I, del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, advertía que dicha iban dirigidos a “aquella persona que sin causa justificada poseyera o portara, en su persona, en el vehículo en el que se encontrara o se le relacionase con éste, o en el lugar donde se le capturara, uno o varios instrumentos fabricados con clavos, varillas o cualquier otro material, que pudieran ser utilizados para dañar o impedir el paso de los vehículos conducidos por particulares o por los elementos de las fuerzas armadas o las instituciones de seguridad pública”.

Fue la misma PGR una de las instituciones afectadas con el uso de este tipo de instrumentos de fabricación casera, quien impugnó la norma publicada en el Diario Oficial de Tamaulipas del 9 de julio de 2014.

El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que al resolver la acción de inconstitucionalidad 95/2014 determinó que dicha norma es inconstitucional debido a que resulta violatorio de los derechos a la seguridad jurídica y legalidad.

Lo anterior porque su redacción “es tan vaga, imprecisa, abierta o amplia”, que podría derivar en la aplicación de penas privativas de la libertad en forma injustificada contra personas inocentes.

Debido a que se trata de una norma en materia penal y pudiera haber casos que hayan sido juzgados o que estén en proceso conforme a este artículo, los efectos de la resolución serán retroactivos al día en que entró en vigor la ley.

Con base en ello personas sancionadas indebidamente con base en este artículo podrían obtener su libertad.

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