El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortés Mendoza, pidió a los partidos políticos que vigilen la estricta aplicación e implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, tanto a nivel federal como estatal y municipal.
"Éste es el momento adecuado para actualizar nuestro marco jurídico. La transparencia y la rendición de cuentas no pueden ni deben ser tema de un solo partido político, sino de todos los ciudadanos, por ser del más alto interés público", planteó.
"Lo que hoy demanda el país es atacar de manera eficaz la corrupción, que frena el desarrollo y provoca desaliento e inconformidad social", afirmó.
Señaló que "la correcta aplicación de las nuevas leyes en materia de transparencia y de combate a la corrupción, aprobadas por diputados y senadores, es necesaria y urgente para recuperar la confianza de los ciudadanos, en medio de un escenario de opacidad y falta de credibilidad en los gobiernos".
"El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción tiene como uno de sus objetivos principales reemplazar la falta de credibilidad y de confianza de los ciudadanos y alcanzar un México más abierto, justo y equitativo", añadió.
El líder parlamentario panista expuso que "su aprobación implica entrar en una segunda generación de reconocimiento de derechos ciudadanos en el tema de la rendición de cuentas y la transparencia, después de que se creara la ley respectiva, desde el año 2003".
Dijo que "debido a que quedó pendiente la máxima publicidad de las declaraciones 3de3, como lo propuso el PAN y las organizaciones de la sociedad civil, el Grupo Parlamentario del Acción Nacional analiza presentar un recurso de inconstitucionalidad del artículo 29 de la Ley de Responsabilidades 3de3, sin detrimento alguno del resto de leyes, que dan vida al nuevo sistema de combate a la corrupción, retomando las mejores prácticas internacionales en la materia".
Por eso, dijo, una vez que el Ejecutivo promulgue las leyes, el Congreso estará muy atento a la forma en que habrán de adecuarse en los tres órdenes de gobierno, para evitar que una buena reforma pierda su eficacia por una mala armonización y aplicación.
"Ésta es una lucha y triunfo de todos. El resultado es a favor de los ciudadanos, de quienes, con todo el derecho que la ley les reconoce, quieren saber a dónde van a parar los recursos públicos, cómo son utilizados y bajo qué criterios son distribuidos", subrayó el coordinador panista.
"Esperamos que esta reforma le ayude a los ciudadanos a contar con mecanismos mucho más fuertes y sólidos para exigir cuentas a los servidores públicos, desde quien ocupa el puesto más alto en el gobierno federal, hasta el alcalde del municipio más humilde en el rincón más alejado del país", dijo.
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